Posverdad

El reloj avanza y el agua no llega. México debe más de la mitad de su cuota quinquenal en el Tratado de Aguas Internacionales de 1944, y faltan menos de tres meses para cumplir. Hasta julio, sólo se han entregado 899.4 millones de metros cúbicos de los 2 mil 158.6 millones pactados. 

El resto —un 58%— sigue pendiente. Y el plazo vence el 24 de octubre.

Durante la administración de Joe Biden, México había obtenido una cierta flexibilidad. La sequía en el norte del país, particularmente en Chihuahua, había sido reconocida como un factor determinante. Se hablaba de cooperación. Pero con Donald Trump nuevamente en la Casa Blanca desde febrero, el tono cambió drásticamente: nada de concesiones, y sí muchas amenazas. El nuevo lenguaje incluye sanciones y aranceles si México no paga en tiempo y forma.

Trump entiende que el agua es poder. Y México, una vez más, enfrenta un dilema que trasciende lo hidráulico: es geopolítico, electoral y profundamente local.

En Chihuahua, el tema tiene una historia explosiva. La batalla del agua de 2020, con protestas en La Boquilla, dejó heridas políticas abiertas que hoy vuelven a supurar. La presa, ícono de esa resistencia, apenas alcanza el 22% de su capacidad. El agua no alcanza ni para el riego de todos los productores, mucho menos para pagar la deuda internacional.

¿Quién pagará el costo político de abrir compuertas en plena crisis agrícola? 

Seguimos dependiendo de lluvias inciertas y de voluntades externas, sin capacidad real de almacenamiento, de distribución equitativa o de manejo eficiente del recurso.

El reloj corre. Las presas se vacían. Y Trump, desde la Casa Blanca, apunta con el dedo. La batalla del agua no será sólo en Chihuahua: será nacional, diplomática y, si no se maneja con inteligencia, electoral.

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Con la fuerza política de haber ganado la presidencia y de haber consolidado mayoría legislativa, Claudia Sheinbaum empieza a delinear los ejes de su reforma electoral, y lo hace tocando donde más duele: el dinero.

“El recurso es para las campañas… los partidos no deben tener tanto”, dijo , enviando un mensaje claro a todos los actores del sistema político: la era del despilfarro partidista tiene los días contados, o al menos eso se promete desde Palacio Nacional.

En su visión, el modelo de financiamiento público actual ha derivado en excesos, corrupción y estructuras partidistas obesas. 

No es un diagnóstico nuevo. Durante años, académicos, organismos ciudadanos y hasta legisladores han cuestionado el tamaño del presupuesto que reciben los partidos en México. Pero lo que distingue esta ocasión es que por primera vez el poder presidencial está dispuesto a reformarlo con mayorías legislativas suficientes para imponer condiciones.

Pero no todo es tan sencillo. Reducir el financiamiento sin garantizar equidad, puede fortalecer a los partidos con estructuras paralelas o apoyos informales —especialmente los que gobiernan— y debilitar a las oposiciones. Por eso, la presidenta habla también de “una mayor fiscalización”, aunque no detalla cómo ni con qué órganos.

El anuncio pone en alerta a todos: los partidos chicos, que subsisten del financiamiento público, ven amenazada su viabilidad; los grandes, temen mayor vigilancia en sus operaciones internas; y los opositores, temen que esto sea un movimiento para estrangular políticamente a la disidencia.

Sheinbaum sabe que una reforma electoral no sólo redefine reglas, sino que redistribuye el poder.