Admiten denuncia contra Mayra Chávez por desvíos

En conferencia de prensa, el dirigente blanquiazul detalló que la dependencia federal radicó el expediente bajo el número de investigación 143/2026. “De entrada, aceptaron la evidencia, la radicaron, hicieron un acuerdo de admisión y ya fueron notificadas las personas denunciadas”, explicó Pacheco, quien precisó que la denuncia fue entregada en la Ciudad de México por la secretaria general del comité local, Guillermina Barrón García.

Los hechos que motivaron la denuncia penal y administrativa se sustentan en la presunta distribución casa por casa de un volante en diversas colonias de la ciudad. Dicho impreso, distribuido aparentemente por Servidores de la Nación vinculados a la Delegación del Bienestar, mostraba de forma prominente el nombre de la funcionaria con el fin de informar sobre la nueva ubicación de las oficinas de la dependencia, lo cual, según el PAN, constituye una promoción personalizada ilegal.

Asimismo, Acción Nacional incluyó como evidencia actas circunstanciadas con fe pública del Instituto Estatal Electoral (IEE) debido a publicaciones en el perfil oficial de Facebook de la Delegación. En ellas se constató la difusión de un evento gubernamental en el que participó una diputada portando chalecos y logotipos del partido Morena, vinculando de forma directa los derechos constitucionales y programas sociales con fines partidistas.

Ulises Pacheco señaló que, al tratarse de una presunta falta grave contemplada en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el objetivo final de este proceso es lograr la inhabilitación de la delegada para ejercer cargos públicos, frenando así lo que calificó como un intento indebido por figurar en las encuestas rumbo a los procesos electorales de 2027.

Respecto al desarrollo de las indagatorias, el líder panista reconoció que no se tiene la certeza de que la dependencia federal actúe de manera expedita en la integración de la investigación, pero aseguró que el partido se mantendrá vigilante del caso. En una segunda etapa, el procedimiento formalizaría un informe de responsabilidad administrativa que imposibilitaría las aspiraciones políticas de la funcionaria.