ONU: Desapariciones en México podrían ser crímenes de lesa humanidad
El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) ha emitido un llamado urgente a las Naciones Unidas para intervenir en la crisis que atraviesa México. El organismo solicitó considerar medidas de apoyo extraordinarias ante una situación que, por su magnitud y patrones de violencia, podría escalar a la categoría de crimen de lesa humanidad.
Por: Redacción 02 Abril 2026 14 54
A pesar de los esfuerzos gubernamentales tras la visita del Comité en 2021, los expertos señalaron que la situación no presenta una mejora sustancial. Juan Albán-Alencastro, presidente del Comité, fue enfático al definir la gravedad de la crisis:
"Lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil. El derecho internacional no exige que estos crímenes sean orquestados en las altas esferas para ser considerados de lesa humanidad".
Como evidencia de este panorama, el Comité destacó el hallazgo incesante de fosas comunes clandestinas, donde se contabilizan más de 6,200 cadáveres y 76,000 restos humanos, la gran mayoría sin identificar, el informe fue difundido por la organización I(dh)eas, arroja cifras alarmantes que sitúan a México como el país con mayor actividad de búsqueda ante la ONU:
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819 acciones urgentes acumuladas entre 2012 y febrero de 2026.
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Representa el 38% del total global de desapariciones reportadas al Comité.
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Repunte reciente: Entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, se sumaron 40 nuevas solicitudes, lo que equivale a más de un tercio del total mundial en dicho periodo.
Si bien el Comité reconoció que muchas desapariciones ocurren en el marco de la "guerra contra las drogas" perpetradas por grupos delictivos, advirtió que no se puede deslindar la responsabilidad oficial. En múltiples casos, las investigaciones apuntan a la participación directa, apoyo o aquiescencia de funcionarios públicos.
La solicitud formal ha sido enviada al secretario general de la ONU, António Guterres, con el fin de que sea remitida urgentemente a la Asamblea General. El Comité propone un esquema de asistencia que incluya:
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Cooperación técnica y financiera.
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Asistencia especializada en operaciones de búsqueda y análisis forense.
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Investigación exhaustiva sobre los vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado.
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