Posverdad

La gobernadora María Eugenia Campos Galván salió a cerrar filas alrededor del secretario de Seguridad Pública estatal, Gilberto Loya Chávez, en medio de toda la tormenta política generada por el operativo en la Sierra Tarahumara donde fue localizado el narcolaboratorio.

Y lo hizo de manera directa. “Gilberto Loya nada tiene que ver con lo sucedido en el operativo”, dijo.

Porque la presión ya venía creciendo. Especialmente después de que Morena comenzó a empujar la narrativa sobre presunta intervención extranjera y posibles irregularidades derivadas de la participación de agentes estadounidenses en la Torre Centinela.

Ahí fue donde Maru decidió cambiar completamente el enfoque.

Primero defendió el operativo señalando que ocurrió en una de las zonas más complicadas de la Sierra Tarahumara, tanto por acceso como por condiciones de seguridad.

Después soltó otro mensaje político: recordó que esa región es gobernada por un alcalde emanado de Morena y aseguró que existe temor para competir electoralmente en esa zona.

Pero quizá el punto más importante fue la defensa frontal de la cooperación con Estados Unidos. La gobernadora confirmó que sí existe coordinación con agencias de seguridad estadounidenses, aunque aseguró que todo ocurre bajo acuerdos formales y con participación de autoridades mexicanas, incluida la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Eso sí: negó cualquier participación de la CIA y de todas las agencias de Estados Unidos, 

Y ahí está el verdadero fondo de la batalla. Porque mientras Morena intenta convertir el tema en narrativa de soberanía y subordinación extranjera, Maru apuesta por otra idea: la cooperación binacional como necesidad obligada en un estado fronterizo.

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Quien tendrá que sentarse frente a los regidores y explicar cómo se mueve uno de los temas más delicados del municipio será Julio César de la Cruz Reyes.

El funcionario visitará las oficinas de Cabildo para comparecer ante la Comisión de Asentamientos Humanos, integrada por María Dolores Adame Alvarado, José Eduardo Valenzuela Martínez y Jorge Marcial Bueno Quiroz.

Y aunque oficialmente será una mesa técnica, el tema trae bastante fondo político y administrativo.

Porque hablar de asentamientos humanos en Ciudad Juárez significa entrarle a regularización, asignación de lotes, expedientes y relaciones con particulares… terrenos donde históricamente siempre aparece la grilla.

Uno de los puntos centrales será explicar cuáles son los criterios para solicitar documentación y cómo se integran los expedientes para la asignación de terrenos.

Y ahí es donde empiezan las preguntas sensibles: quién recibe lotes, bajo qué criterios, cómo se valida la necesidad y qué tan transparente resulta el procedimiento

Además, los regidores también pedirán información sobre cuántos convenios administrativos mantiene la Dirección de Asentamientos Humanos con particulares.

Ese punto no es menor.

Porque cualquier convenio relacionado con tierra, regularización o desarrollo urbano suele convertirse rápidamente en tema político.

Por si fuera poco, también se analizará una propuesta para celebrar un convenio de participación entre el Registro Público de la Propiedad y la Comisión de Asentamientos Humanos, algo que buscaría fortalecer control documental y coordinación institucional.

En la lectura política, el movimiento deja ver algo: el Cabildo empieza a meter lupa en áreas que normalmente operan lejos del reflector mediático.