Posverdad

La reforma judicial volvió a mover el tablero político nacional.

Y ahora no fue por jueces o ministros… sino por el calendario electoral.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma constitucional para aplazar la próxima elección judicial federal y local hasta junio de 2028, dejando atrás la fecha originalmente prevista para 2027.

La votación salió adelante con 341 votos a favor y 124 en contra, impulsada principalmente por Morena y sus aliados, aunque también incorporó propuestas de legisladores del Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano.

El argumento oficial: evitar saturación operativa y presupuestal por la coincidencia de elecciones federales, locales y judiciales.

Pero en la grilla política el movimiento tiene otra lectura: dar más tiempo para acomodar la nueva estructura judicial y bajar riesgos en una elección inédita y extremadamente compleja.

Porque el modelo que viene no es menor.

La reforma establece que: la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá nueve integrantes, funcionará en Pleno y dos secciones, y los tres Poderes de la Unión propondrán perfiles judiciales.

Además, los nuevos Comités de Evaluación tendrán enorme peso político y técnico.

Cada Poder integrará un comité de cinco especialistas que coordinarán: evaluación, selección, e insaculación pública de candidaturas

Es decir:  el filtro político-jurídico apenas comienza.

Otro punto relevante es que el Instituto Nacional Electoral deberá rediseñar completamente la lógica electoral judicial, dividiendo circuitos en distritos especializados y elaborando boletas por materia. Y eso representa una operación gigantesca.

La reforma también protege temporalmente a quienes actualmente ocupan cargos judiciales, pues quienes terminarían funciones en 2027 permanecerán hasta 2028.

En la lectura política, eso ayuda a evitar vacíos institucionales… pero también aplaza tensiones internas dentro del Poder Judicial.

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La presión sobre María Eugenia Campos Galván ya no solo viene por el caso de la Sierra Tarahumara o la polémica sobre agentes estadounidenses. Ahora también revivieron uno de los episodios políticos más explosivos de Chihuahua: el llamado “corralazo”.

La gobernadora confirmó que fue citada a comparecer en la Ciudad de México por una denuncia presentada por el exgobernador Javier Corral Jurado, relacionada con el operativo realizado en agosto de 2024 en el bar Gin Gin, cuando autoridades estatales intentaron ejecutar una orden de aprehensión en su contra por presunto peculado y desvío de recursos.

Operativo que terminó frenado por autoridades capitalinas y que desde entonces se convirtió en símbolo de la guerra política entre ambos grupos.

Ahora Corral acusa supuesto secuestro.

Y Maru respondió con todo.

A través de un video difundido en redes sociales, aseguró que en las últimas semanas “todo el aparato del poder federal” se ha activado en su contra mediante acusaciones, presiones y solicitudes de juicio político.

Pero además elevó el tono contra el exmandatario estatal.

La gobernadora recordó el episodio del Gin Gin y acusó a Corral de presumir actualmente reuniones con personajes señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico.

En la lectura política, el mensaje es clarísimo: Maru busca instalar la narrativa de persecución política.

Especialmente porque el nuevo citatorio llega justo cuando: Morena intensifica ataques por el tema de soberanía, la FGR mantiene abiertas investigaciones relacionadas con Chihuahua, y la grilla nacional ya colocó al estado en el centro de la discusión rumbo al 2027

Por eso dentro del PAN y del equipo estatal el tema ya se interpreta como una ofensiva política integral: judicial, mediática y electoral.