Posverdad

Definitivamente la grilla nacional del fin de semana tuvo nombre y apellido: el citatorio de la Fiscalía General de la República a María Eugenia Campos Galván por el caso de los agentes estadounidenses en Chihuahua y el llamado al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por las acusaciones surgidas desde Estados Unidos.  

Y aunque oficialmente ambos fueron citados en calidad de testigos, el golpe político fue inmediato.  

La narrativa sigue siendo la misma: soberanía nacional, cooperación con Estados Unidos y el fantasma del narcogobierno.

Pero el verdadero impacto estuvo en otro lado: la reacción política y digital que provocó el tema.

Porque apenas se conocieron los citatorios, redes sociales, grupos políticos y operadores de ambos bandos comenzaron una guerra intensa de posicionamientos, acusaciones y defensa pública.

En el caso de Maru Campos, la FGR investiga el contexto del operativo en la Sierra Tarahumara donde murieron agentes estadounidenses vinculados a inteligencia norteamericana, mientras se analiza si hubo irregularidades o violaciones a la legislación mexicana sobre cooperación internacional.  

Del lado de Rocha Moya, el contexto es todavía más delicado: acusaciones surgidas desde Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y solicitudes relacionadas con investigaciones federales.   Y ahí es donde el escenario político explotó.

Porque para Morena, el caso Chihuahua sirve para reforzar el discurso de subordinación extranjera y presunta complicidad estatal.

Mientras que para el PAN, citar a Maru junto con Rocha Moya fue interpretado como un intento de “empate político” para diluir el escándalo que enfrenta Morena en Sinaloa.  

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo intentó bajar la temperatura asegurando que los citatorios forman parte de procedimientos normales y no tienen motivación política.  

Pero en la grilla nacional ya nadie compra que esto sea solamente jurídico.

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Mientras la grilla estatal y nacional sigue concentrada en soberanía, seguridad y elecciones, en Cabildo se moverá un tema que en la frontera pesa muchísimo más de lo que parece: la relación con El Paso.

Las comisiones conjuntas de Desarrollo Económico y Turismo, junto con Planeación del Desarrollo Municipal, revisarán la dictaminación del Acuerdo de Ciudades Hermanas y la Agenda Binacional de Cooperación Internacional entre Ciudad Juárez y El Paso.

En la mesa estarán: Alejandro Daniel Acosta Viña, Laura Fernanda Ávalos Medina, Gloria Rocío Mirazo de la Rosa, Sandra Marbel Valenzuela y Sandra García Ramos.

Y aunque suena protocolario, el tema trae bastante fondo político y económico.

Porque justo en momentos donde el discurso nacional gira alrededor de soberanía, intervención extranjera y tensiones con Estados Unidos, Juárez apuesta por fortalecer formalmente su cooperación con la ciudad vecina.

Y eso manda mensaje.

La agenda binacional no solo implica turismo o intercambio cultural. También toca: desarrollo económico, movilidad, planeación urbana, infraestructura, seguridad y coordinación regional.

En otras palabras:  la frontera entendiendo que no puede vivir aislada de El Paso.

Además, el tema llega en un contexto donde Juárez busca reposicionarse como polo estratégico de inversión tecnológica y logística, algo que depende directamente de su relación con Texas y el sur de Estados Unidos.

Por eso la reunión también tiene lectura política.

Mientras a nivel nacional algunos sectores endurecen la narrativa contra la injerencia extranjera, en la frontera la realidad obliga a otra lógica: cooperar o quedarse rezagados.