Posverdad

Vaya giro que dio la crisis del gusano barrenador.

Durante meses la preocupación estuvo puesta en Centroamérica y el sur de México, pero ahora el foco de atención se movió hacia Estados Unidos.

Y eso cambió completamente la estrategia sanitaria.

Luego de confirmarse casos de gusano barrenador del ganado en Texas y Nuevo México, los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron suspender temporalmente el intercambio de animales vivos para evitar que la plaga llegue a regiones que hasta ahora permanecen libres de contagio.

La medida impacta directamente a estados estratégicos para la ganadería nacional: Chihuahua, Sonora, Baja California, Sinaloa y Baja California Sur

Todos ellos continúan sin registrar presencia del parásito.

Y para Chihuahua el tema es especialmente sensible.

Porque más allá de la grilla política, la ganadería representa uno de los sectores económicos más importantes del estado y cualquier restricción sanitaria puede tener repercusiones millonarias para productores y exportadores.

La decisión incluye la suspensión de requisitos zoosanitarios para la importación de bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y otras especies procedentes de Estados Unidos.

El detonante fue la confirmación de un caso en un bovino del condado de Zavala, Texas.

Y eso encendió las alarmas.

En la lectura política también resulta interesante.

Porque mientras Washington mantiene presión constante sobre México en temas de seguridad, migración y narcotráfico, ahora ambos países se ven obligados a cooperar estrechamente para contener una amenaza sanitaria que no reconoce fronteras.

Por eso la coordinación continúa.

México trabaja junto con autoridades estadounidenses y con Panamá para fortalecer la producción de moscas estériles, consideradas la principal herramienta biológica para controlar la propagación del gusano barrenador.

En Chihuahua el mensaje es claro:

Por ahora el estado sigue libre de la plaga.

Pero la aparición de casos al otro lado de la frontera demuestra que el riesgo ya no viene únicamente del sur.

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Quien no pudo escapar de la grilla durante su visita al Cabildo fue Óscar Murillo Delgado.

Y es que detrás de una reunión aparentemente técnica sobre terrenos y trámites administrativos, se encuentra uno de los proyectos más importantes que estarán en juego durante los próximos años: la vivienda social.

Murillo sostuvo una reunión de trabajo con la Comisión de Revisión de las Enajenaciones de Terrenos Municipales, encabezada por la regidora Karla Michael Escalante Ramírez, junto con los regidores Jorge Marcial Bueno Quiroz y Héctor Hugo Avitia Arellanes.

El tema central fue revisar el avance legal y técnico de los predios que formarán parte del Programa de Vivienda para el Bienestar impulsado por el Gobierno Federal a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Y ahí es donde el asunto deja de ser solamente administrativo.

Porque la donación de terrenos ya aprobada por el Cabildo es la llave que permitirá iniciar obras indispensables para el desarrollo habitacional, particularmente la perforación de pozos y la infraestructura hidráulica que deberá ejecutar la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ciudad Juárez.

Sin agua no hay viviendas. Y sin terrenos regularizados tampoco.

Por eso la presión para acelerar el proceso. En la lectura política, el tema tiene peso específico.

Porque la vivienda se ha convertido en una de las principales apuestas sociales del Gobierno Federal y también en una de las banderas que Morena buscará presumir rumbo al 2027.

Por eso nadie quiere que los expedientes se queden atorados en trámites.

El mensaje que salió de la reunión fue que una vez integrados todos los dictámenes técnicos y jurídicos, el asunto volverá a la comisión para posteriormente ser sometido nuevamente a consideración del Cabildo.

Traducido al lenguaje político: La maquinaria ya está avanzando.