Presenta Chihuahua protocolo para ayudar a personas en desplazamiento

La Mesa Estatal de Desplazamiento Forzado Interno presentó el Protocolo de Atención Emergente a las Personas en Situación de Desplazamiento Interno en el Estado de Chihuahua, un documento pionero a nivel estatal y nacional. Este protocolo establece los antecedentes del fenómeno en la entidad y proporciona directrices claras para que los servidores públicos de diversas dependencias brinden una atención oportuna, digna y adecuada a las personas afectadas por el desplazamiento forzado interno.

La Comisionada Ejecutiva de Atención a Víctimas, Norma Ledezma Ortega, en su calidad de secretaria técnica de la Mesa, destacó la participación proactiva de las dependencias involucradas y agradeció la voluntad de trabajar de manera coordinada para atender a las familias en situación de vulnerabilidad. “Este protocolo es un paso crucial para garantizar una respuesta integral y diligente a quienes han sido forzados a abandonar sus hogares”, afirmó.

El evento contó con la presencia de Benjamín de Barros, jefe de la Suboficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Nuevo León, quien elogió el compromiso de Chihuahua en la atención a las familias desplazadas. De Barros resaltó que esta administración ha innovado al promover la intervención interinstitucional, posicionando al estado como un referente en la materia.

Durante la sesión, se firmó un convenio de colaboración entre ACNUR y el Gobierno del Estado de Chihuahua, fortaleciendo la vinculación intersectorial para la atención, prevención y seguimiento de las personas desplazadas. La doctora Sahara Cárdenas, suplente de la Presidencia de la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno, agradeció la colaboración activa de ACNUR, que ha permitido adoptar una perspectiva global y diseñar estrategias transversales entre las dependencias gubernamentales.

El protocolo surge en respuesta a la problemática del desplazamiento forzado interno, documentada en Chihuahua desde la década de 1970 y reconocida oficialmente por el Gobierno de México en 2019. Según el Censo de Población y Vivienda 2020, entre 2015 y 2020, 2,877 habitantes del estado se desplazaron por violencia o inseguridad. Además, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE) ha registrado desde 2017 al menos 410 casos de desplazamiento en la Sierra Tarahumara, principalmente por violencia.