Posverdad

Ya se empieza a notar: rumbo al cierre del gobierno de Maru Campos y con la brújula política apuntando a 2027, Palacio de Gobierno ha decidido que Ciudad Juárez será la prioridad. La frontera, usualmente relegada al fondo del escritorio estatal, se ha convertido en territorio de presencia constante y marcaje personal del gabinete.

La propia gobernadora ha intensificado sus visitas: dos días por semana en Juárez no son casualidad, sino un mensaje claro. Pero es el movimiento de su equipo el que habla más fuerte. Ayer, Santiago de la Peña, secretario general de Gobierno, fue enfático: el BRT o Juárez Bus, va con o sin concesionarios.

 El número dos del gabinete ya marca terreno en un proyecto que será inevitablemente polémico y con alta carga electoral.

En la misma línea se mueve el fiscal César Jáuregui, que prácticamente despacha desde la frontera. Sus constantes visitas, reuniones y declaraciones apuntan no solo a un intento de contención de la violencia, sino a un reposicionamiento político en el segundo mayor electorado del estado. La Zona VIP del Distrito 1 en la capital empieza a resentir las ausencias.

Quien todavía se resiste a moverse del centro es el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya. Aunque ha sido uno de los principales defensores de la Plataforma Centinela, su mirada sigue puesta en la grilla capitalina, donde busca apuntalar su nombre. Pero si Centinela fracasa en Juárez, Loya lo pagará con puntos. No puede dejar el buque sin capitán cuando la torre de control está en la frontera.

Los movimientos no son fortuitos. Maru sabe que sin Juárez no hay 2027, y su equipo ha empezado a tomar posiciones. Queda ver si la estrategia de territorializar el gabinete le alcanza para cerrar fuerte su sexenio… y abrirle camino al siguiente.

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Con casi la mitad de las casillas computadas, la elección para magistraturas familiares en Chihuahua entra en su recta más cerrada, marcada por una ventaja clara, un triple empate y un posible relevo de poder en el Tribunal Superior de Justicia.

A las 13:33 horas de este miércoles, con el 49.86% de las casillas computadas, Marcela Herrera se perfila como la candidata más votada de todo el proceso judicial, con más de 50 mil votos. De mantenerse en la cima hasta el cierre oficial, no solo obtendrá una de las magistraturas en materia familiar, sino que también asumiría la presidencia del TSJ a partir de septiembre y hasta el 2027.

Detrás de Herrera, la pelea por la tercera y última magistratura en disputa entre mujeres es una fotografía finish: Sara Muñoz, Mahlí Olivas y Maribel Peinado se encuentran en un margen de apenas 500 votos, lo que augura una jornada de infarto mientras avanzan los cómputos y llegan las últimas actas desde las zonas más alejadas del estado.

Del lado de los hombres, Rafael Corral y Javier Torres son quienes lideran la carrera por las dos magistraturas familiares. Corral supera ya los 39 mil sufragios y Torres ronda los 29 mil. Muy por detrás, aunque con números decorosos, se encuentra Miguel Rivas, en una elección que parece definida entre los dos primeros.

Más allá de los datos, esta jornada judicial ha servido también como termómetro político. El hecho de que Herrera lidere no solo su categoría, sino toda la elección, no es menor: marca una ruptura en las correlaciones tradicionales de poder dentro del Poder Judicial, dominado por figuras históricas o alineadas a viejas estructuras. La presidencia del TSJ —si se concreta su triunfo— cambiaría de manos en un contexto de alta presión política sobre la justicia en Chihuahua.

Al fondo, el triple empate femenino podría detonar impugnaciones, particularmente si la diferencia final entre la tercera y cuarta candidatas es menor a los errores permitidos en el conteo.