Posverdad

El asesinato del abogado Óscar Gael Cano, perpetrado este domingo justo afuera de la Fiscalía en Ciudad Juárez, no solo sacudió a la corporación: la puso en jaque. 

La ejecución ocurrió prácticamente en la entrada del complejo de Gobierno del Estado, en Aserraderos y eje vial Juan Gabriel, donde se encuentran las oficinas de la Fiscalía Zona Norte. Es decir, en el corazón mismo de la estructura de seguridad.

Cano, litigante conocido en el medio judicial y quien recientemente había anunciado que estaba por arrancar un juicio de alto perfil, fue interceptado cuando bajaba de su camioneta. El sicario le disparó a quemarropa, sin prisa y sin obstáculos.

El mensaje no es menor: una semana después de la masacre en Parajes de San José, donde fueron torturadas y ejecutadas cinco personas dentro de una casa, los grupos criminales ahora marcaron territorio frente a la Fiscalía. No en la periferia, no en un barrio caliente, sino en el sitio que —en teoría— debería ser el más vigilado y seguro para quienes laboran en la procuración de justicia.

Hoy en la Zona Norte el ambiente es de “mira y no me toques”. Cualquier paso en falso puede costar caro, más aún cuando la percepción es que el crimen organizado tiene ventaja en inteligencia, ejecución y osadía.

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Era una vieja demanda del sector empresarial de Ciudad Juárez: dejar de viajar a la capital para resolver trámites energéticos. La respuesta llegó este 6 de junio y no por casualidad, sino alineada con la nueva narrativa política del cierre de sexenio: Juárez es prioridad.

La Agencia Estatal de Desarrollo Energético (AEDE), que dirige Carlos Hernández, abrió oficialmente una oficina de enlace en la frontera, justo para atender a los industriales en temas que van desde asesoría, trámites con la CFE y apoyos para proyectos de infraestructura energética. Nada menor si se toma en cuenta la presión que genera la ola de inversiones en parques industriales y el crecimiento manufacturero que vive la ciudad.

El corte del listón lo encabezaron Carlos Ortiz, representante de la Gobernadora en la frontera; la presidenta de Canacintra Juárez, Isela Molina, quien empujó la gestión desde el sector privado; y el propio titular de la AEDE.

Lo interesante está en lo que no se dijo abiertamente: el mensaje que se manda desde Palacio es claro. En el mapa político de Maru Campos, Juárez ha pasado de ser terreno ríspido a convertirse en foco de resultados y atención. La apuesta es cerrar el sexenio con mayor presencia institucional en la frontera, justo cuando se empieza a configurar el ajedrez del 2027.