Posverdad

Por más que Morena quiera monopolizar la narrativa del cambio en Chihuahua, lo cierto es que desde la trinchera del gobierno estatal ya hay operadores políticos moviendo piezas con sigilo y eficacia. 

Uno de ellos es Carlos Ernesto Ortiz Villegas, representante de la Oficina de Gubernatura en Ciudad Juárez, que ha empezado a jugar un papel clave en un terreno que Morena pensaba tener asegurado: la promoción del voto para la elección del Poder Judicial.

Mientras senadores morenistas como Andrea Chávez y Juan Carlos Loera, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar y la delegada de Bienestar Mayra Chávez recorren el estado envueltos en banderas de transformación y democracia participativa, Ortiz se mueve sin estridencias pero con firmeza, tejiendo acuerdos institucionales y proyectando una narrativa distinta: la del respaldo del Estado de Derecho desde el gobierno estatal.

La reciente reunión que sostuvo con los integrantes de la Asamblea Distrital Bravos no fue casual ni protocolaria. Fue un mensaje: el Gobierno de Maru Campos no se cruzará de brazos ante una elección que podría reconfigurar el equilibrio de poderes en la entidad. Y menos lo hará en Ciudad Juárez, bastión político y símbolo de disputa permanente entre Palacio de Gobierno y la Cuarta Transformación.

Ortiz tomó la bandera de la “difusión institucional” del proceso, mientras en paralelo desde Morena se habla de justicia cercana al pueblo, de jueces electos por el pueblo y de transformar el sistema judicial. 

Pero en realidad, la elección del 1 de junio es un nuevo frente electoral, una suerte de laboratorio político donde los bandos ya están definidos.

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Por más que desde Palacio Nacional se intente vestir de diplomacia la decisión de entregar agua a Texas, la realidad es que el gobierno mexicano acaba de prender una mecha en Chihuahua. 

Y lo hizo con la delicadeza de un tractor sobre un campo recién sembrado: confirmando que el río Conchos —corazón agrícola del estado— será uno de los afluentes sacrificados para saldar el adeudo del Tratado de 1944.

La decisión, revelada por el Departamento de Estado de EE.UU. y no por el gobierno mexicano, deja ver con claridad quién lleva la batuta en esta negociación. Mientras en México se apostó por el sigilo, en Washington agradecieron sin tapujos la “participación personal de la presidenta Sheinbaum”. Es decir, Claudia puso la cara y Chihuahua pondrá el agua.

La reacción en el norte no tardará. El recuerdo de la rebelión del 2020, cuando campesinos tomaron La Boquilla y se enfrentaron a la Guardia Nacional, sigue fresco. En aquel entonces, la presión vino del gobierno de Donald Trump. Hoy, el cumplimiento del Tratado ocurre en un contexto aún más grave: sequía extrema, presas secas y un campo al borde del colapso.

Y es justo en ese escenario donde el gobierno federal vuelve a cargar la factura sobre Chihuahua, sin diálogo público, sin explicar cómo se compensará a los agricultores y sin asumir el costo político de la decisión. 

La gobernadora Maru Campos tendrá que responder ante un sector que no le perdona tibiezas.