Posverdad

En política, las renuncias hablan. Y cuando una funcionaria de alto perfil como María Elena Giner deja su cargo justo en el epicentro de una disputa diplomática como la del agua entre México y Estados Unidos, el mensaje trasciende las formas. 

La ahora excomisionada de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (IBWC, por sus siglas en inglés) hizo pública su renuncia con una carta dirigida a Donald Trump —sí, al presidente Trump— en lo que parece ser un cierre de ciclo cargado de significados, pero sin explicaciones.

Nombrada por Joe Biden en 2021, Giner fue la primera mujer en liderar la sección estadounidense del organismo binacional con sede en El Paso y Ciudad Juárez. Su salida ocurre cuando el tema del cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944 escaló al nivel de amenazas desde la Casa Blanca y de crisis política en los estados del norte mexicano. En ese contexto, su renuncia no puede leerse como un simple relevo administrativo.

Desde el lado mexicano, la renuncia llega en un momento de suma fragilidad. Chihuahua atraviesa una sequía crítica y el conflicto por la entrega de agua del río Conchos se ha vuelto un problema de Estado. Para el gobierno de Claudia Sheinbaum, la presión estadounidense se ha intensificado con declaraciones incendiarias de Trump, pero también con acciones diplomáticas concretas. Y ahora, con la llegada de Chad McIntosh —conservador, alineado al sector agrícola texano y de perfil más rígido— a la IBWC, las expectativas no son precisamente optimistas.

La carta de despedida de Giner, publicada en su perfil de LinkedIn, evitó entrar en detalles. “El trabajo más difícil que he tenido, pero el más gratificante”, escribió. No hay una sola línea sobre el conflicto actual, ni sobre las crecientes tensiones que podrían derivar en sanciones comerciales, según ha advertido Trump. Pero el silencio también pesa. ¿Renuncia por presión política? ¿Por desacuerdo técnico? ¿Por desencanto con la forma en que se están tomando decisiones?

Lo cierto es que con la salida de Giner, Estados Unidos deja en el tablero a un jugador distinto. Y México, especialmente Chihuahua, deberá repensar su estrategia ante un interlocutor que podría tener menos paciencia y más músculo político.

Porque en este momento, el agua es geopolítica pura.

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Los convenios no siempre son solo para construir casas; a veces también sirven para edificar consensos. Así puede leerse la firma del Programa de Vivienda para el Bienestar en Chihuahua, donde coincidieron la presidenta Claudia Sheinbaum, la gobernadora Maru Campos y el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, en una especie de pacto político con ladrillos y concreto como telón de fondo.

Pérez Cuéllar acudió al Palacio de Gobierno —territorio azul y sello panista— para estampar su rúbrica en un acuerdo federal que tiene todo el sello del obradorismo en versión 2025: justicia social vía vivienda. El mensaje es potente. En Ciudad Juárez se construirán 700 viviendas en 5.4 hectáreas que ya están disponibles. Serán para quienes menos tienen, bajo el cobijo de la Conavi y no del Infonavit, lo que subraya el enfoque asistencialista de esta rama del programa: madres trabajadoras, personas mayores, con discapacidad, comunidades indígenas.

Que el alcalde morenista y la gobernadora panista compartan espacio en este acto no es un dato menor. El acuerdo llega en un contexto de aguas agitadas por las diferencias en materia de seguridad, distribución de recursos y recientemente, el tema hídrico. 

Para la 4T, esta firma representa la oportunidad de marcar territorio en el norte del país con una de sus banderas más reconocibles: “primero los pobres”. Para Maru Campos, es una oportunidad de mostrarse como una gobernadora que puede dialogar, sumar, atraer recursos sin importar el color del dinero. Y para Cruz Pérez Cuéllar, es afianzar su narrativa de gestor eficaz y aliado del proyecto nacional.