Posverdad

Ciudad Juárez volvió a estar en el foco del gobierno federal. Esta vez no por crisis ni reclamos, sino por una promesa cumplida que lleva el sello directo de la presidenta Claudia Sheinbaum: vivienda digna para quienes pagan renta o viven en casas invadidas.

El acuerdo es construir 800 casas de interés social no es menor. Implica terreno, inversión, desarrolladores y —sobre todo— voluntad política. Y eso quedó claro con la presencia de Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit, uno de los funcionarios más cercanos al círculo presidencial.

La firma del convenio en la CMIC de Juárez fue más que un acto técnico. Fue un gesto político. Romero Oropeza vino a ponerle rostro y peso federal al anuncio.

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar, aliado visible del obradorismo, también hizo lo suyo al destacar que el programa tiene origen directo en Palacio Nacional. Dijo lo que todos entienden: esto es parte del arranque territorial de Sheinbaum.

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Concluyó el cómputo del IEE para la elección de jueces del Distrito Bravos —el más grande e influyente del estado— y el balance final deja no sólo 95 nuevos nombres en la judicatura, sino un tablero clave rumbo a la consolidación del nuevo Poder Judicial en Chihuahua.

En el listado figuran jueces de las cinco materias: penal, civil, familiar, laboral y menor. Juárez y sus municipios vecinos —Ahumada, Práxedis Guerrero y Guadalupe— no sólo concentran la mayoría de los casos judiciales del estado, sino que también serán ahora epicentro del nuevo modelo de justicia electa por la ciudadanía.

En lo político, la elección judicial en el norte se leyó desde el principio como un termómetro de operación territorial. No es casualidad que desde Palacio se haya reforzado la presencia en la región ni que figuras del gabinete estatal y operadores federales hayan intensificado su actividad aquí durante el proceso.

La configuración paritaria de los resultados es un dato relevante: 11 jueces civiles, 11 familiares, 9 laborales y 5 de materia menor, todos distribuidos con equidad entre mujeres y hombres. En la materia penal, fueron electos 49 jueces, el grupo más numeroso, lo cual refleja también las prioridades y la presión que vive el sistema de justicia en Juárez.

Quien domine el Distrito Bravos tiene no sólo poder judicial, sino peso político. Por eso, este resultado —que se ve técnico, pero es profundamente estratégico— será clave para lo que venga en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial.

Con la nueva magistratura encabezada por Marcela Herrera y este recambio completo de jueces, ahora el reto es otro: legitimidad, autonomía y resultados.