Posverdad

La Fiscalía General del Estado lanzó su propio mensaje de control: 17 (o quizá 20) detenidos y 38 armas de fuego aseguradas tras la semana negra que estremeció a Ciudad Juárez. 

Los números son contundentes, pero también reflejan la presión política sobre las corporaciones para dar resultados rápidos y contener una narrativa de violencia que ya había rebasado a la opinión pública.

El fiscal de la Zona Norte, Carlos Manuel Salas, salió a escena para confirmar que los presuntos responsables serán presentados entre hoy y mañana ante jueces. 

Se trata de sujetos ligados a los hechos delictivos del miércoles, jueves y viernes, días en los que Juárez vio allanamientos de morada, balaceras a plena luz del día y hasta un ataque contra nueve miembros de una misma familia.

No es menor el dato: la coordinación entre la Fiscalía estatal, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General de la República permitió este golpe a los grupos criminales. 

Lo cierto es que en Palacio de Gobierno ya saben que los números de hoy pueden convertirse en armas de discurso, sobre todo cuando se avecinan cierres de administración y los ojos están puestos en la seguridad como el gran pendiente. 

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La gobernadora Maru Campos no se anduvo con rodeos al hablar sobre el posible impacto de los aranceles que Donald Trump amenaza con imponer a México.

Desde la industria maquiladora hasta el comercio binacional, cada impuesto o bloqueo resuena como eco en el lado mexicano. Por eso, la mandataria llamó a confiar en las negociaciones que encabeza Claudia Sheinbaum: “Esperamos que se busque siempre lo mejor para México”, lanzó, en lo que puede leerse como respaldo institucional… pero también como un sutil mensaje para que no se olvide a los estados fronterizos.

Lo cierto es que, mientras Sheinbaum y Trump miden fuerzas en la arena diplomática, en Palacio de Gobierno ya afinan planes de contingencia. Maru sabe que un solo movimiento arancelario puede traducirse en empleos perdidos, inversiones detenidas y una presión social que ningún gobernador quiere cargar en año electoral.