Posverdad

La gobernadora Maru Campos ha dado un paso que, para muchos les dejó el ojo cuadrado: aseguró que Chihuahua cooperará con la Federación para cumplir con el Tratado de Aguas de 1944, pese a la dura sequía que castiga al norte del país. 

Esta decisión vino después de su reunión con Rosa Icela Rodríguez en la Secretaría de Gobernación, donde se buscó una salida al histórico y espinoso adeudo de agua con Estados Unidos.

¿Cambio de postura? No del todo. Maru sabe que no puede jugar a la rebeldía permanente en un tema tan complejo y de implicaciones internacionales. Pero también parece haber aprendido de la experiencia del 2020, cuando la confrontación directa con la federación incendió no solo las presas, sino el ánimo social. Ahora, busca mantenerse en la mesa, pero sin ceder la narrativa de defensa local.

Porque aunque la gobernadora habló de “colaboración” y de estar “cerca de la Presidenta”, también fue clara al exigir que la entrega de agua sea una acción de país, no de castigo unilateral al agro chihuahuense. Esa es su línea de flotación: no dejar que se repita la historia en la que Chihuahua paga sola los platos rotos del Tratado.

En la reunión, se logró al menos un acuerdo de mínimos: la prioridad será el agua para consumo humano y actividades productivas esenciales. Nada menor en tiempos de escasez. Pero más allá del acuerdo técnico, lo que se juega es la legitimidad de la gestión estatal ante su propia base social: el campo, los productores, los usuarios de riego, quienes esperan ver a su gobernadora defender la cubeta como símbolo de dignidad.

Por eso Maru también pidió recursos federales para los agricultores afectados. Porque si hay que cooperar, que también haya reciprocidad. Lo que intenta es convertir un terreno minado en una negociación donde Chihuahua no solo obedezca, sino condicione y reciba.

El discurso de “unidad nacional” no borra el hecho de que la crisis hídrica ha puesto a la entidad en la mira diplomática y política. Trump amenaza, Texas presiona, y desde Palacio Nacional se busca no generar un nuevo conflicto con Washington. Maru, en ese ajedrez, ya no quiere ser la pieza que se sacrifica para salvar el tablero.

**********

En Ciudad Juárez, el deporte no solo es disciplina física, sino también una jugada política bien calculada. Esta semana, la Comisión del Deporte y Cultura Física del Cabildo juarense aprobó la asignación de 172 mil 500 pesos para respaldar a una selección diversa de atletas locales que representarán a la ciudad en competencias nacionales e internacionales.

Hasta ahí, suena a rutina administrativa. Pero en la práctica, esta decisión se inscribe en un contexto más amplio, en donde el deporte se convierte en una herramienta de legitimación social y capital político, especialmente en tiempos donde los gobiernos locales necesitan mostrar cercanía y resultados tangibles.

La regidora Karla Michaeel Escalante Ramírez, quien coordina la Comisión, encabezó la sesión y se aseguró de destacar que los recursos irán a parar a jóvenes que competirán en disciplinas tan variadas como kickboxing, ciclismo, taekwondo o fútbol americano femenil. También se contempla a deportistas con discapacidad, lo cual envía un mensaje de inclusión que no es menor en el discurso público.

Más allá del monto –modesto, si se compara con lo que se gasta en otros rubros municipales– el gesto busca conectar con sectores populares, con padres de familia, entrenadores, y comunidades deportivas que a menudo se sienten fuera del radar institucional. Financiar su participación en justas como el Mexican Open, el Panamericano en Costa Rica o el Mundial de Taekwondo en los Emiratos Árabes tiene impacto simbólico: Juárez también compite, también gana, también sueña.