Posverdad

Lo ocurrido con la nueva alerta del Departamento de Estado de Estados Unidos es, políticamente, una mancha más al tigre en la ya complicada relación México–Estados Unidos. Y no se trata solo de un documento burocrático: en la narrativa bilateral, esta advertencia opera como un recordatorio de que Chihuahua —y por extensión la frontera norte— sigue en la mira de Washington como territorio de alto riesgo.

Con Donald Trump de nuevo en la Casa Blanca, el tono del mensaje no es casual. A diferencia de la flexibilidad que Joe Biden mostró hacia México en temas como la deuda de agua o la cooperación migratoria, la administración Trump no escatima en endurecer el lenguaje y en ligar la inseguridad fronteriza con sus prioridades políticas internas. Cada palabra de la alerta se convierte en insumo para justificar medidas más duras, desde restricciones comerciales hasta controles migratorios reforzados.

La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta aquí un doble frente: internamente, contener la ola de violencia que ha golpeado a Chihuahua en las últimas semanas, y externamente, demostrar que su gobierno puede garantizar condiciones de seguridad que no generen fricciones diplomáticas ni ahuyenten inversiones. 

El reto es mayúsculo, pues esta alerta no solo empaña la imagen del estado gobernado por Maru Campos, sino que también exhibe las grietas en la coordinación de los tres niveles de gobierno en materia de seguridad.

A pesar de las mesas de seguridad la percepción internacional no distingue matices políticos: Chihuahua es un foco rojo. Y en el ajedrez político de 2027, este tipo de episodios se acumulan como pasivos que difícilmente se borran de la memoria colectiva, sobre todo cuando la narrativa proviene del socio comercial y político más poderoso.

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El episodio en Jardines de Aragón —donde dos policías municipales fueron abatidos mientras presuntamente actuaban como escoltas de un líder criminal— deja mucho más que un parte rojo en la estadística para el secretario de Seguridad Pública, César Omar Muñoz.

En el discurso, Pérez Cuéllar cerro filas con su jefe policiaco, dejando claro que “está firme” y que cuenta con su confianza.

 Pero el mensaje implícito es que la corporación está bajo sospecha, que habrá una “revisión con lupa” y que cualquier involucramiento en actos ilícitos costará la baja. Es decir, hay una admisión tácita de que la infiltración del crimen en la Policía Municipal es un riesgo real y presente.

En clave política, el respaldo público al secretario Muñoz es un doble filo: por un lado, muestra liderazgo y evita el desgaste inmediato que supondría una renuncia en plena crisis; por otro, lo amarra a los resultados de una corporación que ahora carga con el estigma de tener agentes que trabajaban para un objetivo criminal.

La situación, además, llega en un momento en que Ciudad Juárez vive una presión creciente en materia de seguridad —con recientes alertas de Estados Unidos y una ola de homicidios que colocó a Chihuahua en el primer lugar nacional—.