Posverdad

En el México del nuevo orden educativo, lo que se cocina en las cafeterías universitarias está a punto de convertirse en otro campo de batalla. 

No por ideología, sino por azúcar, sal y grasa. A nivel nacional, universidades —primero las privadas, ahora con presión creciente desde las públicas— buscan revertir el acuerdo de la SEP que restringe la venta de comida chatarra en planteles educativos. 

Un frente inesperado contra las decisiones que impulsa Mario Delgado desde la Secretaría.

El argumento parece simple: los universitarios son adultos. Si tienen edad para votar, trabajar y endeudarse con becas y tarjetas, también deberían poder comprarse unas papitas o un refresco sin que se los prohíba la autoridad federal. 

Pero tras ese argumento de autonomía, hay un trasfondo económico bastante más salado: las concesiones de cafeterías son una fuente relevante de ingresos para muchas universidades, sobre todo públicas, que han visto recortes presupuestales en cascada.

En Chihuahua el asunto se mantiene en bajo perfil, pero ya hay señales de tensión. La UACH, por ejemplo, no ha salido al ruedo legal como algunas instituciones privadas, pero ya comenzó a cerrar cafeterías —incluyendo las de cadenas como Bernardi— porque vender pastelitos y refrescos dejó de ser legalmente viable. 

Lo irónico es que no parece haber una transición hacia menús saludables rentables; el espacio queda vacío.

¿No hay forma de hacer un menú universitario saludable que también deje margen de ganancia? ¿O será que simplemente el negocio nunca fue la comida, sino el antojo impulsivo del estudiante que paga por azúcar y sal?

El debate, como suele pasar, es más político que nutricional. El gobierno federal apuesta por una narrativa de salud pública que lo acerca al manual de la OMS y lo aleja de los tentáculos del lobby alimentario. Las universidades, en cambio, ven vulnerada su autonomía administrativa —y su bolsillo—, mientras se les exige hacer más con menos.

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Marcelo Ebrard, que parecía haber quedado en la orilla del poder tras la sucesión presidencial, está más cerca de Claudia Sheinbaum de lo que muchos imaginaban. 

Y no sólo por lealtad —que en política es un bien escaso—, sino porque se ha vuelto pieza útil y eficaz en la trinchera donde hoy se libra una de las batallas económicas clave: el control del comercio internacional y la defensa de la industria nacional.

Esta semana, la Secretaría de Economía bajo su mando presentó ante la FGR una denuncia penal contra ocho empresas que simularon fabricar textiles, cuando en realidad importaban mercancía china para inundar el mercado mexicano. 

El punto de quiebre es el programa IMMEX, diseñado para fomentar las exportaciones, pero del que se colgaron estos “fantasmas industriales” para evadir impuestos y desplazar a productores locales.

La presidenta Sheinbaum lo había dicho claro al asumir el cargo: rescatar la industria textil y del calzado es una prioridad. Y ahora Ebrard le pone rostro penal a ese compromiso. Se trata de más que evasión fiscal; es una jugada para frenar el desmantelamiento silencioso del aparato productivo nacional por prácticas desleales, con saldo directo en empleos perdidos, cierres de talleres y comunidades enteras condenadas a la informalidad.

El movimiento no es menor ni casual. En plena renegociación de condiciones comerciales con Estados Unidos, con Trump exigiendo agua, aranceles y más control fronterizo, y mientras la volatilidad sacude a Wall Street, México busca blindar su economía desde adentro, comenzando por los sectores más vulnerables a la competencia desleal asiática.

Ebrard —del grupo de las llamadas “corcholatas”— es hoy el más alineado al tablero presidencial. Mientras otros optaron por el Senado, las embajadas o las giras personales, Marcelo optó por jugar dentro del gabinete, operando con sigilo, eficacia y una visión diplomática que ahora pone al servicio de la política industrial de Sheinbaum.