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Envía Sheinbaum “Ley Espía”; juez debe autorizar su uso

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió al Congreso una iniciativa para crear la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, que permitirá espiar a personas, siempre y cuando un juez lo autorice. 

Por: Redacción 24 Junio 2025 08 11

De acuerdo con la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, esta propuesta busca fortalecer la estrategia de seguridad sin vulnerar los derechos humanos.

Durante la presentación, Godoy aclaró que cualquier intervención en comunicaciones o uso de datos estará sujeta a la autorización previa de un juez, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales. “En ningún momento se invade la privacidad. En ningún momento se invaden datos personales ni entraremos en conversaciones de particulares”, enfatizó.

El nuevo ordenamiento está alineado con dos pilares de la estrategia nacional de seguridad: la consolidación de la Guardia Nacional y el fomento a la inteligencia. La ley busca dotar al Estado de herramientas legales y tecnológicas para anticiparse a los riesgos y actuar de manera preventiva, siempre como auxiliar del Ministerio Público.

La iniciativa contempla la creación del Consejo Nacional de Inteligencia, coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y operado por el Centro Nacional de Inteligencia. Este consejo trabajará en conjunto con la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y autoridades de los tres órdenes de gobierno, con el fin de compartir información y generar estrategias más eficaces.

“El objetivo es generar productos de inteligencia útiles para la toma de decisiones, el diseño y ejecución de operativos y, en su caso, la judicialización de generadores de violencia”, explicó la consejera jurídica.

La propuesta también prevé el uso de plataformas tecnológicas de vanguardia conectadas a registros y bases de datos, así como la capacitación y certificación de personal, todo bajo un enfoque humanista, con valores de ética, legalidad y honestidad.

Godoy Ramos subrayó que esta ley responde a una demanda social urgente de mayor eficacia institucional para combatir delitos de alto impacto, pero con garantías de respeto a los derechos humanos. “No se permitirá ningún uso político. Los candados legales y de seguridad así lo impiden”, concluyó.

 


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