Marrazo Judicial 2.0; Sheinbaum pide menos candidatos

Durante la exposición, Luisa María Alcalde Luján, Consejera Jurídica de la Presidencia de la República, explicó que la iniciativa busca simplificar y hacer más eficiente el nuevo modelo de elección judicial, debido a la complejidad operativa que implicaría realizarlo junto con las elecciones federales y locales de 2027.

Uno de los principales cambios plantea que la jornada electoral judicial prevista para 2027 pase al domingo 4 de junio de 2028, tanto a nivel federal como local. La elección extraordinaria incluiría la renovación de cuatro magistrados electorales de la Sala Superior del TEPJF, 463 magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito, 385 jueces de Distrito y más de 3 mil cargos judiciales locales en 25 estados.

La propuesta también contempla la creación de una Comisión Coordinadora integrada por representantes de los tres Poderes, encargada de homologar metodologías y criterios de evaluación de aspirantes. Esta instancia verificaría requisitos de elegibilidad y establecería mecanismos unificados de selección, incluyendo exámenes de conocimientos.

Otro de los puntos centrales es la reducción del número de candidaturas por cargo. Los Comités de Evaluación seleccionarían inicialmente a las cuatro personas mejor evaluadas y posteriormente se realizaría una insaculación pública para dejar únicamente dos candidaturas por especialidad y cargo, respetando la paridad de género.

Asimismo, se plantea simplificar las boletas electorales para que cada ciudadano vote por un juez y un magistrado por especialidad, diferenciando las candidaturas postuladas por cada Poder. El INE tendría la facultad de dividir el territorio en distritos judiciales específicos para facilitar la votación.

La reforma incluye además capacitación permanente obligatoria para jueces y magistrados, coordinada entre el Tribunal de Disciplina y la Escuela Judicial, así como evaluaciones continuas de desempeño durante el primer año de funciones.

En materia de poderes judiciales locales, la iniciativa busca homologar las reglas federales, incluyendo comités de evaluación, reducción de candidaturas, insaculación obligatoria y capacitación permanente.

Entre otras modificaciones, se propone que las elecciones judiciales y las ordinarias puedan realizarse en la misma ubicación, aunque garantizando que representantes de partidos no intervengan en el proceso judicial. También se adelantaría de septiembre a abril el plazo para que el Senado emita la convocatoria general.

La propuesta establece además que, en caso de muerte, renuncia o destitución de jueces y magistrados, las vacantes se renovarán en la siguiente elección y no serán ocupadas automáticamente por quien haya quedado en segundo lugar.

Finalmente, se contempla la creación de dos nuevas secciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para desahogar asuntos menores y agilizar el trabajo del Pleno, además de permitir que la elección judicial de 2028 pueda coincidir con un eventual proceso de revocación de mandato.