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Explica Consejería Jurídica reforma para evitar narcocandidatos

El Gobierno federal enviará al Congreso de la Unión una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para crear un mecanismo que permita detectar posibles vínculos de aspirantes con la delincuencia organizada antes de las elecciones de 2027, informó la consejera jurídica de la Presidencia, María Luisa Alcalde.

Por: Redacción 21 Mayo 2026 08 03

Durante la Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que la iniciativa contempla la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dependiente del Instituto Nacional Electoral (INE), integrada por cinco consejeros electorales designados por el Consejo General por un periodo de tres años.

La funcionaria detalló que esta comisión serviría como enlace entre los partidos políticos que voluntariamente decidan participar y autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

“El objetivo es que los partidos cuenten con información suficiente para evitar candidaturas con posibles vínculos con la delincuencia organizada”, explicó Alcalde.

De acuerdo con la propuesta, los partidos entregarían de manera voluntaria la lista de aspirantes a la comisión, la cual consultaría con las dependencias federales si existe un “riesgo razonable” relacionado con actividades criminales.

Las instituciones únicamente informarían si existe o no ese riesgo, sin revelar detalles de las investigaciones ni el origen de la información, a fin de proteger el debido proceso y la confidencialidad.

Con base en ese reporte, serán los propios partidos políticos quienes determinen si registran o no a determinada candidatura, aunque las investigaciones continuarían por parte de las autoridades correspondientes en caso de detectar información relevante.

La iniciativa también establece que toda persona aspirante deberá aceptar por escrito ser sometida a esta evaluación como requisito obligatorio ante el partido que la postule.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló previamente que esta reforma ya estaba contemplada dentro de las propuestas de fortalecimiento democrático planteadas tras la discusión del denominado “Plan A”, pero decidió enviarse de inmediato para que pueda aplicarse rumbo al proceso electoral de 2027.

 


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