Posverdad

La suspensión de visas a los traileros mexicanos no es un asunto menor ni un tema aislado de seguridad vial, como argumenta el Gobierno de Estados Unidos. Se trata de una medida con efectos inmediatos en el comercio exterior y con repercusiones directas en Chihuahua.

Los números hablan solos: 3,700 tráileres cruzan a diario por la frontera chihuahuense, con un valor estimado de 202 millones de dólares en exportaciones al día. Esa cifra representa no solo un flujo comercial estratégico, sino el oxígeno económico de maquilas, fábricas y cadenas de suministro que sostienen decenas de miles de empleos.

El golpe pega en el centro neurálgico de la economía estatal. Chihuahua exportó en 2024 más de 75 mil millones de dólares, de los cuales la gran mayoría tuvo como destino Estados Unidos. Si de un plumazo se frena la movilidad de operadores, la maquinaria industrial se paraliza y las consecuencias se traducen en menos ingresos, empleos en riesgo y pérdida de competitividad frente a otros estados fronterizos.

Lo paradójico es que Estados Unidos enfrenta al mismo tiempo un déficit creciente de operadores de carga, que podría llegar a 82 mil choferes en 2025, según la Asociación Americana de Camiones. En otras palabras, mientras en México sobran manos con experiencia para conducir, en Estados Unidos faltan; y aun así, el muro burocrático de las visas amenaza con cortar esa válvula de equilibrio.

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El Poder Judicial del Estado de Chihuahua suspendió todos los plazos y términos procesales del 27 de agosto al 2 de septiembre, con motivo de la entrega-recepción derivada del relevo de jueces y magistrados que asumirán el próximo 1 de septiembre, salvo en casos urgentes.

La decisión fue aprobada en sesión del Consejo de la Judicatura del Estado (CJE), que precisó que la medida busca garantizar que los titulares salientes concluyan de manera ordenada sus labores, mientras los nuevos jueces y magistrados se familiarizan con los asuntos bajo su competencia.

El acuerdo subraya que no habrá interrupción de labores en asuntos considerados urgentes, los cuales serán atendidos por la Judicatura durante el periodo de suspensión. A partir del 3 de septiembre se reanudarán las labores ordinarias y comenzará a computarse nuevamente el conteo de plazos y términos.

La pausa coincide con el proceso de transición institucional derivado de la Reforma Judicial en Chihuahua, que contempla la desaparición del CJE y la creación del Órgano de Administración Judicial (OAJ) y del propio TDJ, encargados de las nuevas responsabilidades administrativas y disciplinarias.

Con este ajuste, el Poder Judicial busca asegurar una transición ordenada hacia el nuevo modelo judicial, en un contexto inédito de magistrados y jueces electos por voto ciudadano.