Posverdad

El Fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín, no fue a la Octava Cumbre Nacional de Fiscales Anticorrupción (CONAFA) solo a escuchar discursos. Llevó uno propio, de los que buscan sacudir la comodidad política: “la impunidad ya no tiene espacio en México”, dijo frente a legisladores federales.

El mensaje sonó más a advertencia que a protocolo. Valenzuela pidió homologar los delitos por hechos de corrupción y endurecer el marco legal punitivo en todo el país. En lenguaje llano: que el castigo a los corruptos no dependa del código postal ni del color del gobierno en turno.

El chihuahuense, quien ha encabezado investigaciones incómodas en la entidad, llevó una agenda de tres ejes que podría incomodar a más de uno.

Primero, exigió autonomía real para las fiscalías anticorrupción, con presupuesto y liderazgo, sin operadores políticos disfrazados de fiscales.

Segundo, propuso una Ley General de Delitos de Corrupción, con sanciones efectivas, reparación del daño e imprescriptibilidad para casos graves —una fórmula ya aplicada en Chihuahua con el peculado agravado y el enriquecimiento ilícito.

Y tercero, pidió fortalecer las investigaciones financieras con cooperación nacional e internacional, para seguir la ruta del dinero más allá de los discursos.

El llamado, aunque institucional, sonó con carga política. Valenzuela usó la Cumbre para poner el dedo en la llaga: un sistema anticorrupción fragmentado y con demasiados candados políticos. Su frase final lo resumió todo:

“L|a corrupción se combate con convicción, sin titubeos.”

Entre los asistentes estaban Ricardo Mejía Berdeja, Emanuel Reyes, Javier Herrera Borunda y Juan Carlos Romero Hicks —legisladores de colores distintos pero con el mismo compromiso público de “escuchar”.

En los pasillos del foro, la lectura fue inmediata: Chihuahua busca marcar agenda nacional en materia de justicia, y Valenzuela no solo habló como fiscal, sino como operador institucional que entiende que la corrupción también se combate en la arena política.

Porque, a fin de cuentas, el mensaje quedó claro: en México, la corrupción no se va a erradicar con discursos… sino con leyes que realmente duelan.

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Mientras en Juárez el termómetro marca frío y los baches siguen multiplicándose, 14 de los 20 regidores del Ayuntamiento decidieron tomar aire… del Caribe.

Sí, la mitad del Cabildo se fue a Cancún, dizque a participar en el congreso Capital G50: Municipalidades Emergentes, organizado por el Instituto Mejores Gobernantes A.C.

El viaje, que se extiende del 28 al 31 de octubre, dejó a Juárez con más sillas vacías que quórum. 

El Secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel, confirmó que recibió los avisos formales, pero —detalle curioso— ninguno especificó que iban a un congreso.

Los que sí se quedaron en tierra juarense —y probablemente con el teléfono encendido— fueron Mireya Porras, José Mauricio Padilla, Sandra García, Luz Clara Cristo, Hugo Avitia Corral y Patricia Mendoza, los seis regidores que no hicieron maletas.

El Capital G50, según su convocatoria, es un foro de intercambio sobre buenas prácticas municipales, innovación y gobernanza. Pero en el ambiente fronterizo la lectura fue otra: una escapadita institucional con olor a puente largo.

La ironía no tardó en circular: mientras el alcalde Cruz Pérez Cuéllar anda revisando obras, eventos y hasta polémicas con la Torre Centinela, buena parte de su Cabildo “representa” a Juárez desde la Riviera Maya.