Posverdad

La gobernadora Maru Campos optó por un estilo relajado para anunciar lo que, en el fondo, fue un movimiento político calculado: reunir en Palacio de Gobierno a su gabinete radicado en Ciudad Juárez y difundir la foto grupal en redes sociales con un mensaje casual: “Una buena foto después de una tarde intensa de trabajo con el gran equipo de Ciudad Juárez, la frontera número uno”.

El encuentro sirvió para algo más que revisar proyectos estratégicos. Fue, en clave política, un llamado a cerrar filas en torno a la mandataria y a marcar presencia frente a la narrativa de la Federación y del propio alcalde juarense, Cruz Pérez Cuéllar, quien en días recientes se dejó ver en la Mesa de Seguridad Nacional con Claudia Sheinbaum.

Campos enlistó los temas de la agenda: obras hidráulicas, infraestructura, apoyo social y desarrollo económico. Palabras que buscan conectar con las demandas históricas de los juarenses, pero también con un electorado al que la gobernadora necesita mantener cerca de cara a futuros escenarios políticos.

En la fotografía que acompañó la publicación aparecen nombres clave de su equipo en Juárez: Carlos Ortiz Villegas, Austria Galindo, Amparo Beltrán y Sergio Nevárez, junto a la propia Campos. Más que un retrato institucional, es un recordatorio visual de que la gobernadora sigue tejiendo su narrativa desde la frontera, consciente de que en Juárez se juega buena parte del capital político de Chihuahua.

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El expediente contra Grupo Tomza dejó de ser un asunto técnico y se convirtió en un mensaje político. La Comisión Nacional de Energía confirmó sanciones por más de 160 millones de pesos contra la empresa juarense, propiedad de la familia Zaragoza, uno de los grupos con mayor peso en el mercado de gas LP en México.

El titular de la Comisión, Juan Carlos Solís Ávila, reveló que existen 32 expedientes abiertos y que varios ya están en resolución judicial. La advertencia es evidente: el Gobierno Federal no está dispuesto a seguir tolerando la impunidad operativa de un emporio que, a pesar de tragedias recurrentes, ha mantenido control sobre buena parte del mercado.

El golpe ocurre justo después de la tragedia en Iztapalapa, donde la explosión de una pipa de Gas Silza, filial de Tomza, dejó 31 muertos y 70 heridos el pasado 10 de septiembre. El hecho aceleró las presiones políticas para exhibir a la compañía. Desde su creación en 1993, el grupo acumula cinco explosiones, cuatro volcaduras y una fuga en México y Latinoamérica.

La familia Zaragoza no solo es un jugador económico: también ha sido un actor con influencia política. Durante años, navegó con cercanía a gobiernos estatales y federales. Hoy, la narrativa es distinta: la 4T busca enviar un mensaje de control y disciplina a un sector estratégico como el energético, donde el Estado pretende recuperar la rectoría.