Posverdad

Mientras la grilla estatal se centra en pleitos políticos y acusaciones cruzadas, en la Ciudad de México se discute algo que, aunque suene técnico, puede cambiar la vida de millones de ciudadanos: la nueva Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos. Y sí, Chihuahua también levantó la mano.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) del estado, a través de su Comisión Estatal de Mejora Regulatoria (Cemerch), participó en las mesas de trabajo nacionales convocadas por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con el objetivo de alinear estrategias y armonizar leyes estatales con la nueva normativa federal.

El tema parece inocuo, pero detrás del lenguaje administrativo hay una lectura política: el gobierno de Maru Campos se sienta en la misma mesa que la Federación para hablar de modernización, transparencia y simplificación. En tiempos donde las fricciones entre estados y el centro son frecuentes, el gesto vale más de lo que aparenta.

La SFP estatal habló de “eliminar pasos innecesarios”, “reducir tiempos” y ofrecer “una atención más eficiente”. Palabras que cualquier ciudadano quisiera escuchar cada vez que pisa una ventanilla. Pero la clave estará en cómo se aterriza el discurso: la promesa de “menos trámites” suele convertirse, con el paso de los años, en más plataformas, más contraseñas y más filas virtuales.

La administración estatal lo sabe: en el lenguaje de la 4T, “menos burocracia” equivale a “más confianza ciudadana”. Y en un país donde la paciencia frente a los trámites se agota, subirse al tren de la simplificación no solo es un acto de modernidad… también de supervivencia política.

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En sesión de Cabildo, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar decidió no votar un punto de acuerdo sobre la Torre Centinela, pero sí dejó clara su postura: “Dudo mucho que se termine”. Y con esa frase, convirtió una abstención técnica en una protesta política.

El tema era un cambio de zonificación secundaria —de CU-4 Mixto-Centro Urbano a CU-4 con altura máxima de 20 niveles, helipuerto y estacionamiento subterráneo—, trámite aparentemente menor, pero simbólicamente enorme. 

Porque detrás del expediente urbanístico está uno de los proyectos más polémicos del sexenio: la Torre Centinela, la obra de seguridad más ambiciosa (y más criticada) del Gobierno del Estado.

Pérez Cuéllar justificó su abstención como “una protesta por la tardanza”, pero en el fondo fue un mensaje político con destinatario claro: Palacio de Gobierno. La frase “dudo mucho que se termine” no solo cuestiona el avance físico del edificio, sino también la narrativa de eficiencia que rodea a la administración estatal.

Aun con la abstención del alcalde, el Cabildo aprobó la modificación con mayoría de votos. Es decir, el proyecto sigue su curso en el papel, aunque en el terreno la obra parezca congelada.

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El alcalde de El Paso, Rennard Johnson, participó en una reunión industrial en el aeropuerto de su ciudad, donde subrayó la necesidad de fortalecer la alianza entre El Paso, Las Cruces y Juárez. No fue un gesto menor: en un momento de tensiones comerciales y discursos migratorios inciertos, el Borderplex —esa zona económica y cultural compartida— busca reafirmarse como un bloque capaz de competir en el mercado global.
Johnson lo dijo con claridad: la frontera no debe verse como una línea divisoria, sino como una red de intereses comunes.

En otras palabras, mientras Washington y la Ciudad de México discuten políticas, las ciudades fronterizas ya aprendieron a sobrevivir cooperando.

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La Secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, instruyó el envío de delegados regionales a distintas zonas de Veracruz para atender a los damnificados por las lluvias e inundaciones.

Entre ellos viajó la Directora Regional de Programas para el Bienestar en Cuauhtémoc, Ximena Reyes García, quien participó en la entrega de apoyos y en el despliegue logístico ordenado desde la Secretaría.

Fue un movimiento coordinado, no espontáneo: el gobierno federal buscó mostrar presencia en regiones que, según reportes locales, habían quedado rezagadas ante la emergencia.