Posverdad

Definitivamente la decisión del presidente Donald Trump de no renovar de inmediato el T-MEC vino a sacudir los mercados y, sobre todo, a una ciudad como Ciudad Juárez, cuya economía depende en buena medida del comercio con Estados Unidos.

Aunque el tratado no desaparece de un día para otro, el anuncio cambia el panorama para miles de empresas que tenían en el acuerdo una de las principales garantías de certidumbre para invertir.

Lo que sigue es un periodo de revisiones anuales entre México, Estados Unidos y Canadá. Si durante ese tiempo no se alcanza un nuevo acuerdo, el tratado concluiría en 2036, conforme a la cláusula de revisión incorporada al propio T-MEC.

Por eso el impacto no es inmediato, pero sí estratégico.

Porque una cosa es mantener vigente el libre comercio y otra muy distinta es hacerlo bajo la incertidumbre de una revisión cada año.

Y en inversiones, la palabra que más pesa es precisamente esa: certidumbre.

En Ciudad Juárez más de un empresario comenzó a hacer cuentas.

La industria maquiladora, los parques industriales y los nuevos proyectos de manufactura avanzada dependen en gran medida de reglas claras para decidir dónde instalar nuevas plantas o ampliar operaciones.

No significa que mañana se detengan las inversiones.

Pero sí puede provocar que algunos proyectos entren en pausa mientras se conoce el rumbo que tomará la relación comercial entre los tres países.

Sin embargo, el mensaje enviado desde Washington fue suficiente para encender las alertas en los sectores productivos.

Porque si algo caracteriza a la frontera es su integración económica con Estados Unidos.

Y cualquier movimiento en las reglas del comercio internacional termina sintiéndose primero en ciudades como Juárez.

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La gobernadora María Eugenia Campos Galván salió a responder de frente a los señalamientos sobre su participación accionaria en una empresa inmobiliaria y rechazó haber ocultado información en sus declaraciones patrimoniales.

El tema tomó fuerza luego de una investigación periodística sobre una empresa en la que la mandataria reportó ser accionista mayoritaria, lo que llevó incluso a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a considerar que la Auditoría Superior de la Federación revise si existe algún posible conflicto de interés o si toda la información fue debidamente declarada.  

Ante ello, Maru respondió con una defensa basada en la transparencia.

“Cuando me dan el voto, yo tengo que responderles precisamente con toda la transparencia”, afirmó, al sostener que su declaración patrimonial y el ejercicio conocido como “3 de 3” reflejan la totalidad de sus bienes y cuentas.

La mandataria aseguró que no existe información oculta y calificó las acusaciones como “una mentira vieja”, insistiendo en que no hay elementos que acrediten irregularidades.

En la lectura política, el caso abre un nuevo frente entre Chihuahua y el Gobierno Federal.

Mientras desde Palacio Nacional se plantea una revisión administrativa para determinar si existió conflicto de interés, Maru responde que toda su información patrimonial fue presentada conforme a la ley y que no tiene “absolutamente nada que esconder”.  

Por ahora, el debate se mantiene en el terreno público y político.