Posverdad

El nuevo entendimiento hídrico entre México y Estados Unidos volvió a mover la grilla en el norte del país, donde productores agrícolas temen que, otra vez, el campo cargue con la factura diplomática.

Con presas en niveles bajos y distritos de riego bajo presión, la incertidumbre sobre cuánta agua se entregará y en qué plazos ya genera nerviosismo en estados fronterizos.

El debate revive un tema políticamente sensible: el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, que históricamente ha detonado protestas, cierres de presas y choques entre gobiernos locales y federales cuando los ciclos de pago coinciden con sequías.

El especialista hídrico Kamel Athie Flores advierte que el contexto actual es particularmente delicado: México arrastra adeudos del ciclo 36, mientras enfrenta uno de los periodos de estrés hídrico más severos de los últimos años.

Con menos agua disponible, cualquier señal de entrega a Estados Unidos se traduce de inmediato en costo político interno.

El tratado fija que México debe aportar en promedio 431.7 millones de metros cúbicos anuales en ciclos de cinco años desde afluentes del Río Bravo, mientras que Estados Unidos garantiza 1,850.23 millones de metros cúbicos del Río Colorado para el noroeste mexicano.

En el papel es un esquema de cooperación; en la práctica, cada sequía lo convierte en campo de batalla político.

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La reactivación del caso ligado a los llamados Expedientes X no solo movió piezas en lo jurídico, también volvió a encender el tablero político en Chihuahua.

Un juez citó a audiencia de control judicial a Maclovio M. Ch., exfuncionario del sexenio de Javier Corral, y a su presunto operador Carlos Emmanuel A., alias “El Meño”, dentro de una investigación por extorsión que parecía haber quedado en el cajón.

Detrás de la movida judicial hay también lectura política: la resolución federal que concede el amparo a un quejoso obligó a revocar el no ejercicio de la acción penal dictado en 2023 y a ordenar que el Ministerio Público retome indagatorias, pruebas y testimonios. 

Es decir, un expediente que algunos daban por muerto vuelve a respirar.

Aquí es donde entra la grilla. En el entorno del fiscal general César Jáuregui se interpreta como parte de la ruta para reactivar casos que, a su juicio, fueron manejados con sesgo político en la administración pasada. Jáuregui ha sido insistente en revisar actuaciones del pasado reciente y en desmontar lo que considera expedientes armados con tintes de persecución.

Del otro lado está la figura de Corral, hoy senador, cuyo gobierno hizo de los Expedientes X una bandera anticorrupción y de combate a sus adversarios. Para sus críticos, aquellos procesos también tuvieron carga política y selectiva; para sus simpatizantes, fueron acciones firmes contra la corrupción.

La audiencia programada y la orden de retomar pruebas —incluyendo mensajes y declaraciones familiares— reabre así un capítulo incómodo para el corralismo. No es solo un tema penal: es la disputa por la narrativa de quién combatió la corrupción y quién la utilizó como arma política.