Posverdad

Sebastián Aguilera y Daniel González vuelven al ruedo con los regidores y no precisamente para el saludo social. 

La Comisión de Participación Ciudadana los citó para revisar cómo van —y sobre todo cómo vienen— los proyectos del Presupuesto Participativo, ese instrumento que en el discurso empodera al ciudadano y en la práctica pone a sudar a medio municipio.

El director de Participación Ciudadana y el de Obras Públicas llegan con la misión de explicar avances, tiempos y ejecuciones. Traducción política: demostrar que las obras sí caminan y que el presupuesto no se quedó en la presentación de PowerPoint.

Del otro lado de la mesa hay mezcla interesante, el panista Alejandro Alberto Jiménez, que no suele dejar pasar una sin pregunta incómoda, el petista José Eduardo Valenzuela, que mide bien cuándo apretar y cuándo negociar y Gloria Rocío Mirazo, de MC, que suele poner el toque ciudadano al debate.
Aquí el fondo es claro: el Presupuesto Participativo ya no es solo ejercicio democrático, también es vitrina política. Cada obra terminada suma puntos; cada retraso, resta.

Porque al final, más que porcentajes de avance, lo que quieren ver los regidores —y los vecinos— es cemento, pavimento y resultados. Lo demás es grilla… y de esa ya hay suficiente.

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El cierre del espacio aéreo alrededor del aeropuerto de El Paso y Santa Teresa por parte de la FAA no llega en cualquier momento ni en cualquier frontera. 

Llega justo cuando el discurso de seguridad de Washington vuelve a endurecerse hacia México y cuando la relación entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump atraviesa una etapa de mensajes firmes, pero diplomacia obligada.

Oficialmente, la Administración Federal de Aviación habla de “razones especiales de seguridad”. Extraoficialmente, en la frontera nadie se traga tan fácil que se trate solo de un tema técnico. 

La zona cerrada está pegada a Chihuahua, uno de los estados que desde el discurso trumpista aparece recurrentemente en el mapa del narcotráfico.

El mensaje político es difícil de ignorar: Estados Unidos marca territorio en materia de seguridad nacional justo en la antesala de una relación bilateral que Sheinbaum ha insistido en manejar con cabeza fría, soberanía y diálogo. Washington, en cambio, manda señales de músculo.

Que la FAA clasifique el área como “Espacio Aéreo de Defensa Nacional” y advierta incluso sobre uso de fuerza letal contra aeronaves que violen la restricción no es lenguaje menor. Es narrativa de seguridad dura, de la que Trump ha hecho bandera política interna.