Posverdad

La guerra comercial entre China y Estados Unidos terminó alcanzando, otra vez, a Chihuahua.

El Gobierno chino impuso cuotas antidumping a las importaciones de nuez pecana provenientes de Estados Unidos y México, una decisión que coloca bajo presión a uno de los productos agrícolas más importantes de la economía chihuahuense.

Aunque la medida aplica para ambos países, en México el impacto se concentra prácticamente en Chihuahua.

Y es que el estado produce más del 62 por ciento de toda la nuez pecana del país, convirtiéndose por amplio margen en el líder nacional de este cultivo.

Las nuevas tarifas van del 17.8 al 51.6 por ciento para la nuez mexicana, mientras que para la estadounidense alcanzan hasta el 54.3 por ciento, bajo el argumento de que ambos países venden el producto por debajo de su valor de mercado, afectando a los productores chinos.

En la lectura económica, la decisión llega en un momento delicado.

Muchos productores chihuahuenses exportan directamente a China, mientras que otros colocan su producción en Estados Unidos, desde donde posteriormente se reexporta al mercado asiático.

Por ello, el incremento de aranceles puede traducirse en menores ventas, una caída en los precios internacionales y mayor presión sobre un sector que ya enfrenta problemas derivados de la sequía, el incremento en los costos de producción y la incertidumbre en los mercados internacionales.

Además, el anuncio se suma al clima de tensión comercial que ha marcado los últimos meses.

Primero fueron las advertencias sobre el T-MEC.

Después los nuevos aranceles impulsados por Estados Unidos.

Y ahora China responde endureciendo sus medidas comerciales.

Para Chihuahua, el riesgo es evidente.

No solo está en juego uno de sus principales productos agrícolas de exportación, sino también el ingreso de miles de productores y la derrama económica que genera toda la cadena de la nuez, desde los huertos hasta las empacadoras y empresas comercializadoras.

La grilla internacional volvió a tocar la puerta del estado.

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Después de cuatro mañaneras consecutivas dedicadas a los efectos del uso de celulares en niñas, niños y adolescentes, Claudia Sheinbaum prácticamente dejó claro que la prohibición de estos dispositivos en las escuelas será una realidad a partir del próximo ciclo escolar.

Las encuestas presentadas por la Secretaría de Educación Pública muestran un amplio respaldo de padres de familia y maestros, lo que fortalece la decisión de implementar la medida en los planteles de educación básica.

Pero la discusión va mucho más allá de retirar un teléfono del salón de clases.

En la lectura política, esta será la primera gran prueba del modelo educativo del Humanismo Mexicano impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La apuesta del Gobierno es demostrar que reducir el uso de dispositivos durante la jornada escolar mejora la convivencia, disminuye el acoso, fortalece la atención en clase y favorece el aprendizaje.

Si los indicadores muestran resultados positivos, la administración federal tendrá argumentos para defender que su modelo educativo funciona.

Y hay un segundo objetivo que también comenzó a dibujarse durante las mañaneras.

Generar evidencia.

Porque con datos sobre el impacto de las redes sociales y el uso excesivo de dispositivos en menores de edad, el Gobierno podrá abrir un nuevo debate: la regulación de las plataformas digitales y de los contenidos dirigidos a niñas, niños y adolescentes.

Es decir, la prohibición de celulares podría ser apenas el primer paso.

Después vendría una discusión mucho más amplia sobre la responsabilidad de empresas tecnológicas, redes sociales y plataformas digitales en la salud mental y el desarrollo de los menores.

En otras palabras, el salón de clases se convertirá en el laboratorio donde el Gobierno medirá si su estrategia educativa da resultados.

Y dependiendo de lo que ocurra durante los próximos meses, el siguiente capítulo podría escribirse ya no en las escuelas, sino en la regulación del mundo digital.