Posverdad

La presentación de la terna para dirigir la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ciudad Juárez (JMAS) ya se cumplió como marca el procedimiento. 

El Consejo de Administración avaló este lunes los nombres enviados por la gobernadora Maru Campos: Marco Licón Barraza, Óscar Humberto Lozoya y Amparo Beltrán Ceballos.

Ahora, el turno es de la Junta Central de Agua y Saneamiento, que será la encargada de votar y designar al o la nueva titular. 

Pero mientras la ruta administrativa avanza por los cauces oficiales, la política —como casi siempre— va un paso adelante.

Desde la semana pasada, y antes incluso de anunciar la terna, Marco Licón quedó firme dentro de Palacio. Tanto así que diversas fuentes aseguran que ya comenzó a operar en asuntos clave del organismo. Eso convierte la terna en una formalidad: las cartas ya están marcadas.

La inclusión de Lozoya y Beltrán tiene lectura política. No llegan a llenar espacio: representan perfiles con relación cercana al Gobierno estatal y el mensaje es que la gobernadora respeta los equilibrios internos y a quienes han sido leales y útiles en otras líneas de acción. Aunque no sean la opción ganadora, su presencia cuenta en el tablero.

Mientras la definición llega, Rosa María Matus, directora jurídica, sigue como encargada del despacho, garantizando transición operativa luego de la salida abrupta de Sergio Nevárez.

La votación será la etapa final de un proceso cuyo resultado todos anticipan, pero que aún debe cumplir cada paso legal. Porque en política, incluso las decisiones ya tomadas necesitan el aval institucional correcto.

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El regreso del agua como tema de confrontación internacional no sorprende, pero sí impacta la sensibilidad de un país que vive —literalmente— de su recurso hídrico. 

Este lunes, Donald Trump acusó a México de incumplir el Tratado de Aguas de 1944 y amenazó con imponer un arancel del 5% sobre las importaciones mexicanas si no se cumple el abastecimiento exigido. Una declaración que sacude no solo la diplomacia, sino la estabilidad económica, política y social de la frontera norte. 

Ese tratado —ratificado desde 1945— obliga a México a entregar agua del Río Bravo (o Río Grande) a Estados Unidos, como parte de un reparto binacional que permite a cada país usar ciertas cuencas compartidas. 

Durante décadas funcionó como pacto de cooperación. Sin embargo, recientes ciclos de sequía, sobreexplotación de acuíferos, creciente demanda interna y crisis de agua en el norte han complicado el cumplimiento. En el ciclo 2020–2025, México ha registrado serias dificultades para entregar las cuotas pactadas. 

Por ello, la amenaza de Trump no es un rumor más: si se traduce en aranceles, podría golpear duro —no solo al comercio exterior, sino también a las exportaciones de manufactura, agro, alimentos, autopartes o industria ligera que dependen del flujo comercial entre ambos países.

Pero el problema no es solo externo. Dentro de México, la presión obliga a tomar decisiones difíciles: priorizar consumos humanos, agricultura nacional, abatir la sobrexplotación, renegociar concesiones, mejorar infraestructura hidráulica, fortalecer regulación… en pocas palabras: hacer lo que muchos en Chihuahua y otros estados ya exigen, pero con una presión internacional adicional.

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Juan Carlos Loera estuvo este fin de semana en Chiapas para acompañar al gobernador Eduardo Ramírez en su primer informe. El evento, que se realizó bajo el lema “¡Palabra Cumplida!”, tuvo de todo: música, danza folklórica y miembros de Morena.

Loera, invitado especial, dijo que era un honor estar ahí y aprovechó para subrayar que la huella de la Cuarta Transformación ya se siente fuerte en el estado. Al final del acto, él y Ramírez intercambiaron unas palabras, se tomaron la foto obligada y cerraron el evento de buen ánimo.

Loera terminó señalando que los cambios de la 4T son cada vez más palpables.