Posverdad

La ley antiextorsión se volvió el nuevo ring en la Cámara de Diputados. Ocho horas de debate bastaron para confirmar que, cuando se trata de seguridad y votos, nadie quiere cargar con la factura política.

El momento más tenso llegó cuando el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, subió a la tribuna con tono de profesor en día de examen. Intentó explicar los tecnicismos del derecho penal y defender la reforma como una herramienta necesaria para cerrar el paso a la extorsión que golpea a comercios y ciudadanos en todo el país. Pero más de uno en el pleno se preguntó si la intención era aclarar… o defender a los funcionarios o servidores públicos que protegen a los extorsionadores.

Y es que la iniciativa, que buscaba endurecer sanciones y unificar criterios en los estados, terminó tropezando con su propio peso. Varios legisladores, incluso dentro del bloque oficialista, acusaron que la redacción final reduce las penas en comparación con códigos locales como los de Chihuahua, Morelos, Guerrero y Quintana Roo, abriendo la puerta a la liberación anticipada de delincuentes ya sentenciados.

Ahí entró en escena la diputada chihuahuense Lilia Aguilar Gil, quien rompió filas y votó en abstención en lo particular. Lo explicó con claridad quirúrgica: “Estamos a favor de la ley en lo general, pero es necesario elevar la penalidad”. En política, esa frase suena a respaldo con freno de mano.

Mientras Monreal defendía su proyecto entre tecnicismos y guiños al bloque, la oposición olía sangre y los legisladores del PT y el Verde se replegaron entre dudas. Fue una sesión de contrastes: un discurso jurídico frente a una realidad que no cabe en los códigos —la de los empresarios, transportistas y comerciantes que pagan “cuota” para sobrevivir.

Por ahora, el mensaje está claro: en el Congreso, todos dicen estar contra la extorsión… pero no todos quieren pagar el costo de combatirla.

***************

En Cuauhtémoc ya no solo se presume la manzana: ahora también la carne tiene apellido propio.

El Gobierno Municipal lanzó un llamado a consumir “Carne Cuauhtémoc TIF Certificada”, una etiqueta que más allá del marketing local, encierra un mensaje político, económico y hasta patriótico.

Mientras desde Brasil siguen entrando toneladas de carne sin los controles sanitarios que exige la Senasica, los productores chihuahuenses están pagando los platos rotos del cierre de la frontera norte. El ganado no cruza, los precios caen y las cavas se llenan. Así que la campaña no es solo por identidad: es por supervivencia económica.

El municipio promueve el sello TIF —“Tipo Inspección Federal”— que garantiza la calidad y la higiene del producto procesado en el rastro local. Un estándar que, en otras palabras, pone en su lugar al contrabando elegante de carne barata que llega del extranjero.

El mensaje encaja perfectamente con el exhorto que hizo el Congreso del Estado a la Secretaría de Economía para que ponga orden en las importaciones de carne bovina. La preocupación no es menor: el producto brasileño entra con ventajas arancelarias y sin cumplir las mismas reglas sanitarias que el productor mexicano, generando una competencia desleal que golpea directo al campo chihuahuense.

La jugada tiene doble filo político. Por un lado, los municipios productores —como Cuauhtémoc, Delicias y Namiquipa— cierran filas en defensa del mercado local; por el otro, el mensaje sube de tono contra la política comercial federal, que muchos ganaderos consideran más preocupada por los números del T-MEC que por la economía rural.