Posverdad

Mañana, el Cabildo morenista de Ciudad Juárez enfrentará una decisión incómoda, de esas que no dan aplausos ni votos fáciles: volver a imponer multas económicas a los conductores ebrios. Un tema sensible, impopular y cargado de simbolismo político.

El antecedente pesa. En 2016, durante la administración de Armando Cabada, nació el Ceresito con una lógica distinta a la recaudatoria. Se eliminó la multa y se apostó por la rehabilitación: arresto de hasta 36 horas, cursos obligatorios de Alcohólicos Anónimos y un mensaje claro de que manejar ebrio no se resuelve pagando, sino asumiendo consecuencias personales.

Hoy, casi una década después, el debate regresa… pero con otro enfoque. La propuesta que analizará el Cabildo plantea reinstaurar la multa, permitiendo que el infractor elija entre pagar o permanecer arrestado. El argumento oficial es la homologación con la ley estatal y federal. El argumento político, más discreto, es deslindarse: “no es decisión del Municipio, es del Estado”.

Lo cierto es que nadie está obligando al Cabildo a hacerlo en este momento. No hay presión judicial, no hay ultimátum legal. Hay una decisión política que se quiere cubrir con un marco normativo superior para amortiguar el costo.

La propuesta, presentada en la Comisión de Gobernación y explicada por el titular de Seguridad Vial, Jesús Manuel García Reyes, establece multas que no son menores. Dependiendo del grado de ebriedad, el ciudadano podría pagar entre 6,700 y más de 10 mil pesos, además de la infracción original y el arrastre de grúa. Es decir, el arresto deja de ser la única vía: el dinero se convierte en la llave de salida.

Ahí está el dilema de fondo. El Ceresito nació para evitar que el alcoholímetro se convirtiera en una caja registradora. Con esta reforma, se corre el riesgo de regresar justo a eso: quien tiene dinero, paga y se va; quien no, se queda. La rehabilitación pasa a segundo plano y la sanción vuelve a medirse en pesos.

***********

La aprobación del Presupuesto de Egresos en Chihuahua sigue dejando más ruido político que cifras financieras. Ahora, el foco está dentro de Morena, donde el propio Grupo Parlamentario pidió a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia revisar la actuación de las diputadas Edith Palma y Rosana Díaz, señaladas por su ausencia en la votación del crédito por 3 mil millones de pesos que permitió al PAN alcanzar la mayoría calificada.

El movimiento no suele ventilar sus diferencias de esta forma, pero esta vez lo hizo. Y cuando Morena señala hacia adentro, el mensaje es claro: la disciplina importa, sobre todo cuando la aritmética legislativa es tan cerrada y cada curul pesa oro.

Rosana Díaz no se quedó callada. Respondió rápido y con una frase clásica en política: “el que nada debe nada teme”. Aseguró estar dispuesta a que se aclare la situación y rechazó de forma tajante haber traicionado al pueblo de Chihuahua o a la Cuarta Transformación. En su versión, no votó a favor del endeudamiento, y afirma que los registros legislativos lo confirman.

La diputada reconoció una ausencia, pero la calificó como mínima, momentánea y no premeditada. Incluso recordó que dejó constancia de su postura mediante una reserva registrada ante la Secretaría de Asuntos Legislativos, donde condicionaba cualquier endeudamiento público. Es decir, su defensa no es solo política, sino también procedimental.

Más allá del tecnicismo, Díaz lanzó un mensaje fuerte hacia dentro del movimiento: habló de un “agravio colectivo injustificado”, basado —según ella— en desinformación y en el señalamiento fácil. Y fue más lejos al calificar lo ocurrido como un linchamiento político interno, algo que dijo no aceptar “venga de donde venga”.

Rosana cerró reafirmando su lealtad al pueblo y a la Cuarta Transformación, deslindándose de intereses y simulaciones. El problema para Morena es que, en política, la percepción pesa tanto como el acta, y cuando una votación se pierde por un par de ausencias, el señalamiento se vuelve automático.

***********

Como parte del programa municipal para atender el deterioro de las vialidades, se dio inicio al recarpeteo de la calle Aguirre Laredo. Estas acciones forman parte del esfuerzo permanente por reducir los baches y mejorar las condiciones de las calles en distintos sectores de la ciudad.

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar ha resaltado que este tipo de obras no solo buscan mejorar la imagen urbana, sino también hacer más eficiente y seguro el tránsito. Señaló que la movilidad ha sido un tema prioritario para la administración, por lo que los trabajos de mantenimiento continuarán en diferentes zonas de Juárez.