Posverdad

La aprobación del Presupuesto de Egresos en Chihuahua no solo dejó números y deuda sobre la mesa; también abrió una grieta interna en Morena que el partido decidió ventilar públicamente.

El señalamiento directo contra las diputadas Edith Palma y Rosana Díaz no es menor: su ausencia en el momento clave permitió que el PAN alcanzara la mayoría calificada necesaria para avalar el Paquete Económico 2026.

El posicionamiento, firmado por Brighite Granados, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, es contundente. No hay matices ni llamados suaves: la bancada considera que la falta de ambas legisladoras fue determinante para que el “oficialismo panista” aprobara lo que el partido califica como mayor endeudamiento del estado.

Morena reiteró su rechazo total al paquete económico, tanto por el aumento de impuestos como por la deuda, y acusó una mala gestión de los recursos públicos. Pero el mensaje de fondo no es presupuestal, sino político: la disciplina interna falló justo cuando más se necesitaba.

El reclamo sube de tono al señalar que la situación resulta aún más grave porque ambas diputadas estuvieron presentes durante el resto de la sesión. Es decir, no fue una ausencia por causas de fuerza mayor, sino una omisión en el momento exacto donde el voto —o la falta de él— definía el rumbo financiero del estado.

Por ello, Morena anunció que las acciones de Palma y Díaz serán revisadas por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, el órgano encargado de evaluar posibles faltas a la ética partidista y, en su caso, imponer sanciones. No es una advertencia menor: implica que el conflicto ya no se resolverá en lo local, sino en el ámbito nacional del partido.

En términos políticos, el episodio deja varias lecturas. Primero, que Morena en Chihuahua no puede darse el lujo de errores tácticos cuando la correlación de fuerzas es tan cerrada. Segundo, que la dirigencia estatal decidió cerrar filas con firmeza, aun a costa de exhibir fracturas internas. Y tercero, que rumbo a los próximos procesos electorales, la lealtad partidista será medida con lupa.

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Ya con el nombramiento firme, Marco Licón Barraza comenzó a marcar el tono de su gestión al frente de la Junta de Agua y Saneamiento de Ciudad Juárez. 

Su reunión de trabajo con John Beckham, director general del Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank), no fue solo un encuentro técnico: fue un mensaje político-administrativo de hacia dónde pretende llevar la institución.

Licón presentó proyectos que buscan financiamiento para 2026, apostando a una estrategia conocida pero efectiva: apalancarse en organismos internacionales para fortalecer infraestructura sin cargar de inmediato al usuario ni a las finanzas locales. 

En una ciudad con crecimiento acelerado y estrés hídrico permanente, ese enfoque no es menor.

Entre los temas abordados destacó el colector Norzagaray, una obra clave para el norponiente de la ciudad que ha sido ejemplo de coordinación binacional y que, además de mejorar el drenaje, reduce riesgos sanitarios en zonas históricamente rezagadas. No es casual que ese proyecto haya sido puesto sobre la mesa: es una carta de presentación con resultados tangibles.

Más interesante aún fue el acuerdo para que Ciudad Juárez busque ser de las primeras ciudades del país en acceder al Programa de Resiliencia Hídrica del NADBank. Detección de fugas, modernización de redes, uso de tecnología y eficiencia en la distribución son palabras que, en el contexto actual, suenan más a prevención que a reacción. Justo lo que se le ha reclamado durante años a los organismos operadores del agua.

Licón habló de soluciones a largo plazo y de garantizar el abasto futuro. Ese discurso contrasta con la narrativa reciente de conflicto, grilla y tensiones políticas que rodearon a la JMAS. El mensaje implícito es claro: menos pleito, más gestión.