Posverdad

Aunque por decreto Donald Trump no puede modificar por sí solo las leyes estadounidenses para clasificar formalmente al fentanilo como un arma de destrucción masiva, su firma y publicación no son un gesto menor. 

Al contrario: es el primer movimiento para empujar esta narrativa al andamiaje legal de Estados Unidos y, con ello, abrir un abanico de consecuencias jurídicas, militares y diplomáticas que inevitablemente colocan a México de nuevo en el centro del tablero internacional.

Desde el Despacho Oval, rodeado de mandos militares y de seguridad, Trump firmó la orden ejecutiva que designa al fentanilo como “arma de destrucción masiva”. El mensaje fue directo y sin matices: “Ninguna bomba hace lo que está haciendo el fentanilo.”

La frase no es retórica. Al equiparar al fentanilo con armas nucleares, químicas y biológicas, Estados Unidos eleva el combate al narcotráfico a una categoría de amenaza existencial, algo que trasciende la seguridad pública y entra de lleno al terreno de la seguridad nacional y la defensa.

Para México, el decreto es una señal de alerta. No implica de inmediato intervención militar ni cambios automáticos, pero sí cambia el lenguaje y el marco conceptual con el que Washington aborda el fenómeno del narcotráfico. Y cuando cambia el lenguaje, cambian las reglas del juego.

Trump habló de 200 mil a 300 mil muertes al año por fentanilo en Estados Unidos y dejó abierta la posibilidad de una cifra negra aún mayor. Al señalar que es la principal causa de muerte entre jóvenes, coloca el tema en el nivel máximo de urgencia política y emocional.

La orden ejecutiva no cambia la ley de la noche a la mañana, pero marca el rumbo. Es el primer escalón para endurecer legislación, justificar acciones más agresivas y presionar a socios internacionales. México, por geografía y realidad criminal, queda inevitablemente bajo ese reflector.

***********

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, puso números y geografía al paquete arancelario impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum: hasta 350 mil empleos protegidos en el país, miles de ellos en Chihuahua, particularmente en el sector automotriz y de autopartes, uno de los motores históricos de la economía estatal.

Ebrard fue directo al señalar que, sin estas medidas, entidades con alta concentración industrial habrían enfrentado una pérdida severa de empleos. 

Chihuahua aparece en primera línea del diagnóstico, con empresas como Ford y toda la cadena que la rodea —siderurgia, manufactura y proveedores— expuestas a una competencia que no juega con las mismas reglas.

El argumento central del Gobierno federal no es menor: no se trata de proteccionismo ideológico, sino de corregir prácticas desleales.

Los aranceles no van contra un país específico, sino contra productos que ingresan desde naciones con las que México no tiene tratado comercial y que llegan al mercado con precios artificialmente bajos, afectando directamente a la industria nacional.

Por ahora, el mensaje es contundente: el comercio sigue abierto, pero el empleo en estados como Chihuahua no se deja a la deriva.