POSVERDAD

El alcalde Héctor Ortiz Orpinel lanzó un ultimátum a la empresa Aseo Municipal: tiene hasta finales de octubre para resolver la falta de camiones recolectores de basura o enfrentará nuevas sanciones, incluida la posibilidad de que el Ayuntamiento le rescinda el contrato.

Y es que el presidente municipal dejó claro que no habrá tolerancia ante las fallas en un servicio tan importante para Ciudad Juárez, luego de que 47 unidades quedaron inmovilizadas a raíz de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante su rueda de prensa semanal, Ortiz Orpinel advirtió que la concesionaria tendrá que encontrar la manera de cumplir con la recolección, independientemente de la situación que enfrentan sus unidades.

Y aquí viene la parte más fuerte de la advertencia.

El alcalde señaló que, si la empresa no regulariza el servicio al cierre de octubre, el Gobierno Municipal podría aplicar más sanciones o avanzar hacia la rescisión de la concesión, una posibilidad que, aseguró, ya fue discutida.

Por lo pronto, Aseo Municipal recurrió a la renta de camiones de otras concesionarias para continuar con la recolección en las zonas tres y cuatro de Ciudad Juárez, mientras busca resolver el faltante de unidades.

El problema coloca a la empresa bajo presión, pero también representa una prueba para la administración de Héctor Ortiz, que tendrá que vigilar el cumplimiento del contrato y evitar que las afectaciones terminen por alcanzar a más colonias.

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La mayoría de Morena y sus aliados en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley Federal de Derechos para 2027, que contempla aumentos en visas, servicios migratorios, turismo extranjero, navegación aérea y diversos trámites del sector salud.

Y aunque todavía falta que la propuesta complete su proceso legislativo, los incrementos planteados ya ponen sobre la mesa una discusión sobre cuánto costará realizar estos trámites a partir del próximo año.

Uno de los aumentos más fuertes aparece en el sector salud, donde una licencia sanitaria para servicios de transfusión pasaría de 1,482 a 17,349 pesos, es decir, más de diez veces su costo actual.

También subiría la autorización de protocolos de investigación de medicamentos y dispositivos médicos, de 8,195 a 43,209 pesos, mientras que las licencias para establecimientos que utilizan fuentes de radiación en diagnósticos médicos duplicarían su costo.

Pero para una frontera como Ciudad Juárez, donde el movimiento internacional de personas y la actividad turística forman parte de la economía regional, los cambios en materia migratoria y aeroportuaria merecen especial atención.

La propuesta contempla un incremento de 66% en visas y de 153% en las de larga duración, además de elevar 10% las cuotas por el uso y aprovechamiento del espacio aéreo.

En el caso de los turistas extranjeros, el Derecho de No Residente pasaría de 983 a 1,158 pesos, un incremento cercano al 18%.

Y aquí aparece otro punto que puede generar discusión política: el destino del dinero recaudado.

De acuerdo con el dictamen, el 50% de los recursos del Derecho de No Residente se destinaría a la Secretaría de la Defensa Nacional, el 26% al Instituto Nacional de Migración y el 24% restante ingresaría a la Tesorería de la Federación sin una asignación específica.

Así que la mayoría oficialista ya dio el primer paso para modificar estos cobros federales, aunque la propuesta todavía no es ley.