Crónica de una política fiscal disruptiva

Por Jorge Luis Valdez Valencia.

El análisis de la política fiscal hacia 2026 refleja una transformación profunda en la manera en que el Estado diseña, implementa y ejecuta la recaudación tributaria. Más allá de tratarse únicamente de normas fiscales, la política tributaria se desarrolla en un entorno complejo donde confluyen factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos y geográficos. Asimismo, está influida por intereses partidistas y riesgos estructurales que condicionan su alcance y aplicación.

La llamada “reforma integral” ha sido una expectativa constante en el discurso oficial. Sin embargo, en la práctica, las modificaciones fiscales suelen enfocarse en incrementar la recaudación sin evaluar suficientemente la carga administrativa y económica que enfrentan los contribuyentes. Las obligaciones formales, los requisitos técnicos y los controles han aumentado significativamente, generando en algunos casos dificultades operativas e incluso el cierre de negocios. Aunque el combate a la evasión y la simplificación administrativa se anuncian de manera reiterada, la reforma estructural prometida continúa pendiente.

Uno de los aspectos más notorios de esta política fiscal es la evolución de la fiscalización. Las facultades de revisión de la autoridad han cambiado tanto en su marco jurídico como en su aplicación práctica. El uso intensivo de tecnologías de la información, ciencia de datos e inteligencia artificial ha permitido ampliar de forma exponencial la capacidad de supervisión. Hoy, la autoridad puede emitir invitaciones masivas, realizar auditorías electrónicas y efectuar revisiones altamente técnicas con mayor rapidez y precisión que en el pasado. Esto ha contribuido a mejorar los niveles de recaudación, aunque persisten cuestionamientos sobre la eficiencia del control y la percepción de selectividad en las revisiones.

El combate a prácticas como la compraventa de facturas, la subcontratación indebida y otras estrategias fiscales agresivas ha sido un eje central del endurecimiento fiscal. No obstante, existe la percepción de que, si bien se conocen los sectores donde se concentran estas conductas, la actuación no siempre es uniforme ni contundente. Ello genera tensiones y dudas sobre la equidad del sistema.

El sentido social del cumplimiento fiscal ocupa un lugar relevante en el análisis. El incumplimiento reiterado genera un efecto multiplicador: cuando algunos contribuyentes evaden, otros se sienten desincentivados a cumplir. Frases como “si no hay servicios públicos, no pago impuestos” reflejan una problemática cultural profunda. Sin embargo, el impacto social del incumplimiento es significativo, pues reduce los recursos disponibles para infraestructura, salud, educación y programas públicos. Desde esta perspectiva, la evasión no solo constituye una falta legal, sino también una forma de corrupción que debilita al Estado.

La equidad tributaria es otro elemento clave. La recaudación recae en gran medida en trabajadores formales y grandes empresas, mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas han transitado por diversos regímenes fiscales que generan incertidumbre constante. Además, medidas como la identificación del beneficiario controlador, las obligaciones en materia de actividades vulnerables y los esquemas reportables buscan inhibir abusos, pero suelen impactar con mayor fuerza a quienes ya cumplen. La percepción de trato desigual alimenta la evasión y debilita la legitimidad del sistema.

El endurecimiento de la fiscalización ha dado lugar a lo que algunos denominan “terrorismo fiscal”, término polémico que describe una política percibida como hostil. Herramientas como el congelamiento de cuentas bancarias, la restricción o cancelación de sellos digitales y la persecución penal en casos graves reflejan un cambio hacia un modelo más coercitivo. La transición de invitaciones informales a auditorías electrónicas precisas evidencia una estrategia de control más agresiva y tecnificada.

Entre los factores estructurales que influyen en la fiscalización destacan la ambigüedad normativa y la corrupción. Las disposiciones poco claras generan inseguridad jurídica y amplios márgenes de interpretación, lo que puede derivar tanto en abusos como en oportunidades de defensa para los contribuyentes. Aunque el endurecimiento ha producido cifras récord de recaudación, también ha generado inconformidad, cierre de empresas y estrategias de supervivencia fiscal.

La transformación digital constituye uno de los cambios más significativos. El uso generalizado de comprobantes fiscales digitales, bases de datos robustas y algoritmos permite detectar inconsistencias casi de inmediato. Las auditorías se desarrollan en plazos más cortos y con mayor precisión, reduciendo el margen de error y modificando el modelo tradicional de autodeterminación de impuestos. La fiscalización preventiva y automatizada redefine la relación entre autoridad y contribuyente.

No obstante, diversos especialistas coinciden en que la sostenibilidad del sistema no puede depender exclusivamente de la coerción. El diseño de obligaciones simples, claras y de bajo costo de cumplimiento es fundamental para fomentar el cumplimiento voluntario. Más que una política punitiva, se requiere fortalecer la cultura tributaria y la conciencia social sobre la importancia de contribuir al gasto público.

En conclusión, el contexto fiscal hacia 2026 se caracteriza por una política disruptiva, marcada por la digitalización acelerada, el endurecimiento de controles y una clara intención de romper con prácticas históricas de evasión. Sin embargo, el verdadero desafío no radica únicamente en recaudar más, sino en construir un sistema tributario equitativo, eficiente y socialmente legitimado. La consolidación de una cultura de cumplimiento y la búsqueda de equilibrio entre control y justicia serán determinantes para el futuro del sistema fiscal.

Artículo elaborado por el C.P.C. Jorge Luis Valdez Valencia, integrante de la Academia Chihuahuense de Estudios Fiscales, A.C., representa su opinión.