Posverdad

El festejo por los siete años de la Cuarta Transformación no fue solo una efeméride del movimiento. Claudia Sheinbaum utilizó el Zócalo como púlpito político para enviar un mensaje directo —y, para algunos, incómodo— especialmente para quienes ya se andan apuntando rumbo al 2027.

La presidenta fue contundente:

“No puede haber justificación moral, ética ni política para que quienes servimos al pueblo vivamos rodeados de lujos o privilegios.”

No era un recordatorio decorativo de la austeridad republicana. Fue una línea que claramente llama a alinearse o quedarse fuera.

Sheinbaum subrayó que el movimiento nació como ruptura con el viejo régimen: no solo en políticas, sino en estilo de vida desde el poder. Gobernar —recalcó— no es sinónimo de privilegios, sino de responsabilidad y coherencia.

El subtexto se escucha más fuerte que las palabras: quien aspire a mantenerse o crecer dentro de la 4T no puede darse lujos visibles, ni confundir popularidad con soberbia, ni suponer que el poder ya está asegurado por inercia electoral.

La presidenta lo presentó como un tema ético y de convicción. Pero políticamente, es una advertencia para aquellos cuadros morenistas que han olvidado que la justa medianía no es una frase histórica, sino un requisito de congruencia evaluado por la ciudadanía y por el propio movimiento.

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Mientras en la capital política del país se hablaba de libros, austeridad y celebración partidista, la sierra de Chihuahua volvió a recordarle al Estado que la realidad del territorio no está en los discursos, sino en los enfrentamientos que siguen marcando el ritmo de la violencia.

Este fin de semana, Madera se convirtió otra vez en campo de batalla. Habitantes reportaron detonaciones intensas y prolongadas en la salida hacia El Largo Maderal, aparentemente protagonizadas por La Línea y Los Pumas, grupo sucesor de Los Jaguares, brazo operativo del Cártel de Sinaloa. 

La disputa no es nueva: el control criminal de esta región ha sido, por años, un frente abierto y sangriento.

Las denuncias ciudadanas, difundidas desde redes locales, hablan de personas privadas de la libertad, vehículos calcinados y cuerpos en vía pública. El miedo volvió a encerrar a las familias en sus casas, mientras el estruendo de las armas se escuchaba hasta el panteón municipal.

La respuesta oficial, hasta ahora, ha sido la instrucción de un operativo especial de las Bases de Operación Interinstitucional (BOI), bajo coordinación de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente. 

La parte política es inevitable: este episodio llega cuando las autoridades estatales de seguridad —César Jáuregui en Fiscalía y Gil Loya en Seguridad Pública Estatal— buscan consolidar una imagen de mayor control y coordinación. Pero en la sierra, la percepción social es distinta.