Posverdad

Donde la grilla empieza a calentarse es en el Instituto Municipal de la Juventud, justo cuando se acerca la elección del nuevo Consejo Directivo. 

En política local ya saben que estos espacios no son menores: son semilleros de cuadros, plataformas de posicionamiento y, para algunos, el primer escalón rumbo a proyectos mayores.

Esta semana pasará por la Presidencia Municipal el director del IMJJ, Luis Osvaldo Rivas García, con la carpeta lista para lanzar la convocatoria… siempre y cuando reciba la palomeada política. Porque en el librito no escrito de la grilla, a veces va primero el nombre y luego la convocatoria.

Quienes tendrán en sus manos el termómetro político del tema son los integrantes de la Comisión de Juventud del Cabildo: la regidora Luz Clara Cristo Sosa, como presidenta; Héctor Hugo Avitia, secretario; y Laura Fernanda Ávalos, vocal. Ellos serán quienes escuchen, cuestionen y —sobre todo— lean entre líneas.

Más que un trámite administrativo, la integración del Consejo Directivo será una señal de cómo se están acomodando las piezas juveniles dentro del tablero municipal. 

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El fin de semana dejó un nuevo capítulo de grilla entre Poder Judicial y autoridades locales en Ciudad Juárez, luego de que un juez federal concediera un amparo a José Luis A.C., propietario del Crematorio Plenitud, señalado por dejar sin destino final a más de 350 cuerpos y obtener ganancias millonarias por ese servicio.

La decisión judicial cayó como bomba política. No solo por lo delicado del tema —que toca fibras muy sensibles en la sociedad— sino porque volvió a poner sobre la mesa el debate sobre los criterios de los jueces federales y la percepción de justicia para las víctimas.

El primero en brincar fue el fiscal general del estado, César Jáuregui, quien prácticamente leyó el momento como ejemplo del “colmo” del nuevo Poder Judicial. 

Anunció de inmediato que la Fiscalía impugnará la resolución y agotará todas las vías legales para revertir la libertad del imputado. El mensaje fue claro: políticamente la FGE no puede permitirse quedar como espectadora en un caso de alto impacto social.

Al día siguiente se sumó el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, quien, aunque marcó distancia técnica al decir que no conoce el expediente a fondo, calificó la liberación como “muy lamentable”. Una postura medida, pero políticamente alineada con el sentimiento social de indignación.

Y es que más allá del expediente jurídico, el caso ya se volvió símbolo político: familias agraviadas, un negocio que lucró con el dolor y ahora un amparo que abre la puerta a la libertad del señalado. 

En tiempos donde el discurso público gira en torno a la justicia para las víctimas, cualquier resolución de este tipo inevitablemente se convierte en munición política.

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En el Congreso del Estado comenzaron los foros de consulta en materia turística, encabezados por José Luis Villalobos, presidente de la Comisión de Turismo. A la convocatoria acudieron los diputados Alex Domínguez, Noel Chávez y Miguel Alonso, en un intento por abrir la conversación sobre el rumbo del sector.

La intención es recoger propuestas de actores públicos, privados, académicos y sociales para convertirlas en políticas públicas y estrategias regionales que fortalezcan la competitividad y la sostenibilidad turística. La apuesta es que el turismo no se diseñe sólo desde el escritorio, sino con diagnóstico territorial y necesidades reales.

Estos insumos alimentarán el Programa Sectorial de Turismo y la actualización normativa, además de reforzar la participación ciudadana. En el fondo, el mensaje es claro: Chihuahua busca darle un nuevo impulso a su vocación turística con planeación y visión regional.

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El fiscal general del estado, César Jáuregui, destacó la participación directa de la gobernadora Maru Campos en la Mesa de Seguridad de este día, señalando que su presencia confirma la continuidad del trabajo coordinado en el diseño y aplicación de estrategias.

Jáuregui afirmó que el objetivo sigue siendo garantizar la seguridad de las y los chihuahuenses. Reconoció que aún hay retos por delante, pero insistió en que la coordinación institucional se mantiene activa y permanente.

El fiscal subrayó el involucramiento personal de la mandataria estatal, interpretándose como una señal política de que la seguridad continúa siendo una prioridad central en la agenda del gobierno estatal.