Posverdad

La guerra fría entre el alcalde Cruz Pérez Cuéllar y el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, subió de tono este lunes y ya dejó de ser un pleito institucional para convertirse en una postal política rumbo al 2027.

El episodio empezó con una invitación “de cortesía”: Loya acudió personalmente a Presidencia Municipal para entregar un oficio donde invitaba al edil y a los regidores a recorrer la Torre Centinela, esa megaobra estatal que se ha convertido en símbolo —y campo de batalla— entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento.

Pero lo que podría haber sido un gesto institucional, terminó en reclamo y sarcasmo.

—“Para visitar ruinas, prefiero visitar las de Paquimé”, soltó Pérez Cuéllar, entre risas y dardos, dejando claro que no cree que la Torre se termine.

Y luego vino el golpe político: el Alcalde denunció que Loya no fue solo, sino acompañado de Ulises Pacheco y César Komaba, ambos ligados a la dirigencia panista. Ahí el mensaje cambió de tono: “Es una perversión de la seguridad que venga con los dos funcionarios dirigentes del partido”, dijo Cruz, y advirtió que revisará con el Secretario del Ayuntamiento la posibilidad de presentar una denuncia por peculado, si se confirma que usaron recursos públicos para una visita con tintes partidistas.

La realidad es que la Torre Centinela se volvió más símbolo que edificio. Para el Estado, representa su legado tecnológico en seguridad. Para el Municipio, un monumento a la tardanza y al gasto excesivo.

Y en el fondo, la Torre Centinela ya no es solo una obra: es la primera piedra de la contienda del 2027.

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El asesinato del maestro Luis Ever Cruz Palma en Guachochi volvió a poner en evidencia lo que muchos ya sabían, pero pocos se atreven a decir: enseñar en la Sierra Tarahumara se ha vuelto un acto de fe y de riesgo.

El secretario general de la Sección 8 del SNTE, Eduardo Zendejas, salió a condenar el crimen con palabras duras y un reclamo directo: que las autoridades dejen de mirar hacia otro lado y garanticen condiciones seguras para los docentes. No es un reclamo nuevo, pero sí cada vez más urgente.

El magisterio pidió lo obvio —pero que parece lo imposible—: poder dar clases sin escuchar ráfagas ni toparse con retenes de grupos armados. Zendejas fue claro: la seguridad de los maestros no es un favor del Estado, es una “condición indispensable” para garantizar el derecho a la educación.

Y tiene razón. Si en las ciudades los maestros protestan por plazas, en la sierra luchan por sobrevivir. La violencia ha vaciado aulas, desplazado familias y silenciado comunidades. Lo que ocurrió en Guachochi no es un hecho aislado: es el retrato de una sierra.

Zendejas, habla de interlocución con las autoridades. Pero la verdad es que el tono ya se acerca al hartazgo. Los maestros no piden más presupuesto ni mejores sueldos: piden vida, presencia y paz.