Un grupo de pobladores de la Comunidad de San Elías, municipio de Bocoyna, emitió un pronunciamiento público en ejercicio de su derecho de réplica para defender la legalidad de los nombramientos directivos ante la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional, desmintiendo acusaciones de despojo formuladas por manifestantes rarámuris frente al Tribunal Unitario Agrario Distrito 5.

El posicionamiento surge en respuesta a las protestas encabezadas por comuneros indígenas y la gobernadora de San Elías, quienes acusaron a Ceferino Rascón Cardona de intentar obtener un certificado de derechos agrarios mediante engaños, manipulación y supuesta falsificación de firmas sin la autorización de la asamblea. En contraste, los firmantes del comunicado aseveraron que la elección de autoridades fue un proceso legal de varios meses respaldado por la Ley Agraria, argumentando que las acusaciones en su contra responden a la negativa de un grupo histórico de perder el control político y patrimonial que ha ostentado por décadas.

Asimismo, el sector de la comunidad denunció ser víctima de racismo y discriminación ejercida desde el ámbito indígena hacia familias mestizas, señalando que se utiliza el discurso de "tierras ancestrales" como pretexto para despojar de sus derechos y patrimonio a familias que han habitado y trabajado pacíficamente el territorio por generaciones. En el documento, acusaron a la contraparte de agresiones físicas recientes y de haber realizado falsificaciones de expedientes para expulsar comuneros de manera arbitraria.

El conflicto, ventilado públicamente durante una audiencia en el Tribunal Agrario en la capital del estado, refleja una profunda fractura social e intercultural en el corazón de la Sierra Tarahumara, donde ambas partes apelan al esclarecimiento documental de las autoridades agrarias para determinar la legitimidad de la representación comunal.