Reforma a Ley de Armas: prohíben armas 3D y endurecen penas

La ley establece que su cumplimiento es obligatorio en todo el país y ahora también regula sustancias químicas, componentes y accesorios usados con armas o explosivos.

Entre los principales cambios destaca la definición clara de armas semiautomáticas, automáticas, cargadores, municiones y artefactos explosivos improvisados. También se considera arma de fuego cualquier dispositivo de gas o aire comprimido con más de 140 joules de energía.

Se ordena a los gobiernos federal, estatales y municipales realizar campañas permanentes de desarme y cultura de paz.

Queda prohibido que cualquier persona tenga o use armas hechas con impresoras 3D o convertidas de forma artesanal. Solo el personal operativo de seguridad pública podrá portar armas automáticas de alto calibre, como las de 7.62 mm, y únicamente con autorización especial.

La ley permite que personas registradas en clubes de tiro o cacería tengan hasta diez armas. También regula las armas usadas en cacería de especies que no viven en México.

Se prohíbe el uso civil de vehículos blindados adaptados para portar armas, así como el empleo de miras nocturnas o láseres fuera de actividades deportivas autorizadas. Además, se prohíbe vender armas y municiones por internet.

El decreto incluye sanciones más severas. 

Portar un arma sin licencia puede castigarse con hasta ocho años de prisión. Introducir ilegalmente armas al país o modificarlas con tecnología 3D puede implicar penas de hasta treinta años.

Toda arma decomisada debe destruirse o destinarse al Ejército o a museos, según su valor histórico. Los clubes de tiro o caza perderán su registro si incumplen la ley, y sus miembros no podrán transportar armas si no están en otro club autorizado.

La ley también exige a las autoridades federales y estatales compartir información sobre armas para mantener actualizado el Registro Federal. Se prohíbe el envío de armas y sus partes por correo o mensajería.

Algunos delitos relacionados con armas de uso exclusivo del Ejército o explosivos improvisados ameritan prisión preventiva automática.

El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación y los reglamentos deberán actualizarse en un plazo máximo de 180 días.