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Rechaza Sheinbaum desacato por reforma judicial

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó estar en desacato tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de la reforma constitucional en materia judicial.

Por: Redacción 21 Octubre 2024 09 50

En su conferencia mañanera de hoy, la mandataria federal subrayó que, por el contrario, “quien está en desacato es la jueza Nancy Juárez Salas” al violar el artículo 61 de la ley de amparo.

Sheinbaum explicó que dicho artículo, en su fracción primera, establece que “el amparo es improcedente contra adiciones y reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, por lo que la resolución emitida por la jueza del Décimo Noveno Juzgado de Distrito en Veracruz sería ilegal. “¿A poco no es claro el artículo 61 de la ley de amparo? ¡Es clarísimo! (…) Es muy fácil decir que la presidenta ‘está en desacato’, no, no estamos en desacato”, declaró.

La presidenta adelantó que, una vez notificada de la resolución de la jueza Juárez Salas, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal enviará una consulta al Congreso de la Unión para determinar si tiene facultades para eliminar la publicación de la reforma judicial del DOF.

En días recientes, la jueza Juárez Salas otorgó una suspensión en la que ordenó a la presidenta Sheinbaum retirar la publicación de la reforma al Poder Judicial, señalando que, de no acatar la orden en un plazo de 24 horas, se daría vista al Ministerio Público federal por desacato, un delito que podría llevar a una pena de hasta siete años de prisión.

La mandataria cuestionó la legitimidad del proceso, argumentando que la jueza aceptó una impugnación promovida por instancias sin facultad para hacerlo, como partidos políticos. Además, enfatizó que la reforma cumplió con todos los lineamientos establecidos para modificar la Constitución, por lo que considera que es completamente legal.

“Nosotros estamos actuando conforme a derecho, quienes están violando el estado de derecho son ellos y ellas”, concluyó Sheinbaum, reafirmando su postura de que el proceso llevado a cabo para la reforma constitucional fue legítimo y apegado a la legalidad.


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