Posverdad

Por más que se quiera vender como un simple ajuste administrativo, el movimiento en torno al Parque Central tiene todo el sabor de una decisión política. Desde la salida de David Rocha Lemus, hasta la intención de disolver el organismo descentralizado para regresarlo al control directo de la Secretaría de Desarrollo Humano, el mensaje es claro: la operación del parque será capital político de quien lo controle.

Carlos Ernesto Ortiz Villegas, representante de la gobernadora en la frontera, lo dijo abiertamente: se analiza que el Parque pase a manos de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común. Traducido al lenguaje político, significa que el parque dejará de tener autonomía y pasará a formar parte del ajedrez electoral rumbo a 2027.

El Parque Central, uno de los espacios más simbólicos de Juárez, ha sido históricamente una plataforma para proyectar liderazgo político. 

Quien lo opera, manda una señal de poder en la frontera. Por eso no es menor la jugada. El reordenamiento permitirá al gobierno estatal colocar a un perfil más afín —o más obediente— en la gestión cotidiana del parque, justo en tiempos donde todo suma para construir estructura política.

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La masacre registrada este miércoles en Parajes de San José volvió a encender las alertas en las corporaciones de seguridad y dejó ver, una vez más, que los discursos de contención no alcanzan frente a la brutalidad de los hechos. 

El hecho puso en alerta al secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz, y el fiscal de la Zona Norte, Carlos Manuel Salas, quienes aceleraron los operativos e investigaciones frente a este hecho.

Y es que, a pesar de los operativos y las mesas de coordinación, la narrativa oficial choca con la realidad de barrios enteros donde el control territorial lo sigue ejerciendo el crimen organizado. 

Esta zona del suroriente no es nueva en violencia, pero el nivel de impunidad y saña en este caso deja claro que hay una disputa encendida por el control local.

Se sabe que la presión para mostrar resultados aumentará en los próximos días, más aún porque la masacre ocurrió en pleno cierre del proceso electoral del Poder Judicial.