Posverdad

El reloj judicial marcó el fin del camino para A.F.V., exsecretario de Hacienda en el quinquenio anterior, quien no logró blindarse con la justicia federal. La Jueza de Distrito en Chihuahua negó el amparo promovido contra la orden de aprehensión por peculado agravado, dejando abierta la puerta para que la Fiscalía Anticorrupción ejecute la captura.

El expediente 1365/2023 no es menor. Habla de distracción de recursos públicos en montos que superan con creces las 500 UMA, una cifra que por sí sola eleva el delito a la categoría de “agravado”. 

Pero la jueza fue más allá: reconoció que existen elementos suficientes para acreditar que el exfuncionario, en su calidad de administrador y fideicomitente del famoso Fideicomiso Maestro, podría haber intervenido en la comisión del ilícito.

La narrativa de la Fiscalía Anticorrupción también se fortaleció con un ingrediente que suele ser decisivo: el riesgo de fuga. Con cuentas bancarias robustas, antecedentes de viajes internacionales y un domicilio en el extranjero, A.F.V. aparece en el radar como un prófugo en potencia.

En la arena política, el golpe tiene doble filo. Por un lado, la administración de Maru Campos podrá mostrar músculo en la cruzada anticorrupción que ha prometido; por el otro, revive el fantasma de las cuentas pendientes del quinquenio anterior, justo cuando el PAN y sus aliados buscan construir un relato de “buen gobierno” de cara a 2027.

Ahora, la gran pregunta no es si el exsecretario será detenido, sino cuándo y dónde.

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El horror en el crematorio Plenitud ha puesto a Ciudad Juárez en el centro de un escándalo que duele en lo más hondo de la dignidad humana. Más de 383 cuerpos abandonados, algunos desde 2020, revelan no solo un acto de negligencia criminal, sino un vacío institucional que dejó operar a un negocio clausurado.

El fiscal Carlos Manuel Salas lo dijo con cautela: “Queremos hacer todo con responsabilidad”. Pero la indignación crece en la frontera, porque las familias no solo cargan con la pérdida, sino ahora con la certeza de que las cenizas que guardaban como consuelo podrían no ser reales. Un golpe doble, directo al corazón.

El caso trasciende lo penal; es un espejo de la fragilidad en la supervisión de servicios funerarios y del abandono en el que suelen quedar las víctimas y sus familias. La entrega de un primer cuerpo —encontrado aún con la ropa del velorio— es apenas un gesto en medio de una tragedia de dimensiones incalculables.

¿Quién falló? ¿Dónde estuvo la autoridad? Las preguntas apuntan a todos los niveles de gobierno y la exigencia de respuestas no tardará en colarse en la arena política.