Posverdad

A dos años del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, que dejó 42 personas muertas, el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, asegura haber cumplido con todo lo que el juez le ordenó, excepto por una última instrucción: una disculpa pública.

Será el 16 de abril cuando Garduño ofrezca esas palabras en Juárez, aunque el daño ya está hecho y las víctimas, junto con sus familiares, siguen reclamando justicia real más allá de los discursos.

El comisionado insiste en que se han pagado casi 240 millones de pesos en reparación del daño, incluyendo cheques enviados hasta la cárcel para los venezolanos acusados de iniciar el incendio. Sin embargo, aún hay casos sin resolver, con el dinero detenido en un fideicomiso, lo que mantiene viva la indignación de muchas familias.

Pero más allá del dinero o la disculpa, lo que pesa es la falta de consecuencias para los altos mandos. Garduño sigue en su cargo, a pesar de que el INM fue señalado por negligencia en la tragedia.

“No se debe repetir ni conmigo ni con nadie”, dice el comisionado. Pero la pregunta es: ¿se han tomado las medidas necesarias para que realmente no se repita? Porque hasta ahora, las víctimas siguen esperando respuestas y acciones que vayan más allá de un cheque… o de una disculpa.

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La sequía no da tregua en Chihuahua, y el conflicto por el agua sigue siendo una bomba de tiempo. En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum esta por firmar un acuerdo millonario para la tecnificación del campo, con el fin de calmar los ánimos y tratar de evitar una nueva crisis con los productores.

El plan contempla más de 1,800 millones de pesos, con más de 1,000 millones dirigidos al Distrito 005, la zona más golpeada en el centro-sur del estado, donde las presas del Conchos apenas pueden sostener la actividad agropecuaria. Los otros 779 millones serán para el Distrito 009 en el Valle de Juárez, también afectado por la escasez.

Pero este acuerdo no solo es económico, sino político. 

La tecnificación es la apuesta para una mejor administración del agua, pero también para mantener gobernabilidad y evitar un nuevo conflicto como el que se vivió en 2020, cuando la disputa por las presas llevó a choques entre productores y la Guardia Nacional.

Mientras tanto, del otro lado de la frontera, los agricultores de Texas ya presionan con su conocida exigencia de "TaxTrumps", buscando que México entregue más agua bajo el tratado internacional. La pregunta es ¿de dónde?, porque la crisis hídrica no conoce fronteras y cada litro cuenta en ambos lados.