Posverdad

Regresó a Ciudad Juárez María Eugenia Galván Antillón, presidenta del DIF Estatal, y lo hizo con una agenda clara: poner en marcha la nueva Unidad de Rehabilitación “La Cuesta”. Pero como suele suceder en la frontera, los temas sociales no caminan sin toparse con los vientos de la política migratoria.

Y ahí, Maru Galván no esquivó el dato clave: la disminución en el número de niñas y niños migrantes no acompañados que llegan a la frontera. De un promedio de 200 menores antes de la llegada de Donald Trump al poder, ahora se habla apenas de 30.

¿La razón? La militarización en curso en la frontera, los cambios operativos en la Patrulla Fronteriza y el endurecimiento general del discurso migratorio desde Washington. El mismo Trump que hace unas semanas amagó con aranceles hoy también ha cerrado el paso —aunque sea de forma silenciosa— a los más pequeños.

La presidenta del DIF optó por remarcar el descenso como un alivio, pero el subtexto es otro: menos niños no significa menos crisis, sino que la presión migratoria se ha desplazado o contenido por mecanismos más duros. Y que, en esa ecuación, las autoridades estatales deben estar listas para responder, no solo con cifras, sino con infraestructura y voluntad política.

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Este miércoles 28 de mayo, el Ayuntamiento de Ciudad Juárez discutirá en sesión ordinaria un conjunto de puntos de acuerdo que, aunque parecen de trámite, traen consigo implicaciones profundas sobre los derechos ciudadanos y la actuación del gobierno municipal.

Entre ellos destaca un decreto que, a primera vista, suena como música institucional: el derecho a la cultura física, el deporte y el acceso a la información pública. Pero como todo en política local, la clave está en el contexto y en la aplicación.

¿Quién podría oponerse a promover la actividad física en instalaciones cercanas a las comunidades o garantizar el acceso universal al deporte? Nadie en su sano juicio. Sin embargo, la gran deuda del Municipio no es de principios, sino de hechos: hay colonias enteras sin espacios adecuados, sin luminarias en canchas, sin instructores ni programas permanentes. ¿Será este decreto un compromiso serio o un nuevo membrete institucional?

Más aún, el otro eje del decreto es el derecho a la información pública. Otro terreno donde el papel lo aguanta todo. El artículo constitucional que lo sustenta es claro, pero el acceso real a la información en Ciudad Juárez sigue siendo opaco, con solicitudes que tardan semanas, formatos engorrosos y una plataforma municipal que necesita más voluntad que mantenimiento.

En suma, los decretos suenan bien, pero exigen voluntad política para que no se queden como mera narrativa jurídica. De lo contrario, terminaremos con el deporte institucionalizado en papel y la transparencia encerrada en cajones burocráticos.