Posverdad

Ciudad Juárez, tierra de maquilas y de un dinamismo industrial que ha resistido embates económicos y políticos, enfrenta ahora una amenaza directa: los aranceles del 25% a los autos importados anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El golpe no es menor. Casi una décima parte de las exportaciones mexicanas provienen del sector automotriz, y Chihuahua es pieza clave en la cadena de producción. En Juárez, donde Ford y otras empresas de autopartes han tejido una red de manufactura de alto nivel, el impacto de este nuevo golpe proteccionista podría traducirse en una cadena de consecuencias: pérdida de inversiones, freno en nuevas expansiones y un posible recorte de empleos.

Trump ha declarado el 2 de abril como el "Día de la Liberación", y con su habitual retórica de confrontación ha dejado claro que busca “recuperar” la industria para su país. Su apuesta es clara: encarecer las importaciones para obligar a las armadoras a fabricar en suelo estadounidense. Y ya hay efectos. Honda, por ejemplo, canceló su proyecto en México para moverlo a Indiana.

Pero, ¿qué tanto de esto es realidad y qué tanto es parte del show político del republicano?

La industria automotriz en México es fuerte y ha resistido medidas similares en el pasado. Sin embargo, la incertidumbre es el peor enemigo de las inversiones. Si las empresas comienzan a dudar sobre la estabilidad de sus operaciones en México, podrían frenar la expansión de fábricas o, en el peor de los casos, empezar a mover producción.

En el caso de Juárez, el tema se vuelve aún más sensible. Miles de empleos dependen de la industria automotriz, y si los aranceles se mantienen por un tiempo prolongado, los efectos en la frontera podrían sentirse con fuerza.

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La nueva ventanilla digital de la Conagua no es solo una cuestión de modernización burocrática, sino un movimiento estratégico que apunta a un mayor control sobre el recurso más valioso: el agua.

Con la exigencia de que todas las nuevas solicitudes de concesión pasen por esta plataforma, la administración de Claudia Sheinbaum ha puesto el primer candado para evitar lo que llama “aguachicol”, pero al mismo tiempo centraliza la toma de decisiones sobre el acceso al agua en el país.

El siguiente paso será el Registro Nacional de Agua para el Bienestar (Renab), un padrón de concesionarios que eventualmente podría volverse obligatorio también para quienes ya cuentan con permisos. Ahí es donde los productores del campo y otros sectores deberán inscribirse con su Llave MX, lo que facilitará al gobierno conocer con precisión quién usa el agua, cuánta consume y con qué propósito.

Si la intención real es frenar el abuso en la explotación del agua y evitar concesiones irregulares, el cambio puede ser positivo. Pero si el control se usa con tintes políticos, la regulación del agua se convertiría en una herramienta de presión para comunidades, empresarios y agricultores.

En un país donde el agua ya es un tema de disputa, la pregunta clave es: ¿será un paso hacia una gestión más justa o un instrumento para definir quién accede y quién no al recurso más valioso del futuro?