Posverdad

El anuncio de Claudia Sheinbaum sobre la instalación del Polo de Desarrollo Económico en San Jerónimo cayó como rayo político en la frontera. No solo porque implica incentivos fiscales jugosos y proyección internacional, sino porque, como era de esperarse, desató la competencia por colgarse la medalla.

Desde Palacio Nacional se presentó como parte del Plan México, con la narrativa clara de que es el gobierno federal el que está trayendo la inversión y detonando el desarrollo en el norte del país. Pero en Chihuahua, rápidamente salieron quienes agregaron al Gobierno del Estado.

La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Estado no perdió tiempo en subrayar que el predio es estatal, que hay certeza jurídica y que “gracias a la coordinación institucional” esto se concretó. Un mensaje sutil, pero efectivo, para dejar claro que el estado puso el terreno… y quiere parte del crédito.

Mientras tanto, el sector inmobiliario ya huele sangre. San Jerónimo pasará de ser una periferia semiolvidada a la joya del nearshoring. Ya hay quienes se frotan las manos con la especulación de la tierra, sobre todo en una ciudad que desde hace años dejó de planear el crecimiento y lo dejó a merced del mercado.

Y si alguien la tiene más difícil es el suroriente de Ciudad Juárez, la zona que durante años fue la apuesta de expansión urbana, y que ahora quedará relegada. El foco se moverá sin remedio hacia el poniente, hacia esa franja que conecta con Santa Teresa y las rutas logísticas de EE. UU.. La justicia territorial, al parecer, no tiene incentivos fiscales.

Con esta jugada, la 4T pone una ficha clave en el norte, Maru no faltará a la foto y los actores locales ajustan su GPS político y financiero. El proyecto es prometedor, sin duda. 

El reto será que el Polo San Jerónimo no se convierta en otro espacio de privilegios sin integración social, y que no repita el modelo que tanto se criticó: inversiones extranjeras que no derraman más allá de los muros de las naves industriales.

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No hay descanso en Palacio de Gobierno ni en la SSPM. El fiscal César Jáuregui y el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz, tienen más trabajo del que pueden presumir en estos días. Las cifras no mienten y el último reporte federal lo dejó claro: Chihuahua y Ciudad de México encabezaron los homicidios del país ayer, con seis víctimas cada uno.

En cualquier parte del mundo, compartir la cima de homicidios con la capital del país –que, por cierto, tiene  x 10 de habitantes– no es ninguna medalla. Y mientras en la Ciudad de México las alarmas se encienden, en Chihuahua, los reflectores comienzan a apuntar directamente a los responsables de la estrategia de seguridad.

César Jáuregui, abogado experimentado y operador político de la gobernadora, carga con la presión de una Fiscalía que tiene que dar resultados rápidos y contundentes. Su perfil, más jurídico que policiaco, contrasta con el de César Omar Muñoz, que viene de la operación de campo y tiene en sus manos la Policía Municipal. Dos estilos, dos oficinas y una misma exigencia: contener la violencia.

El problema es que los números ya no se pueden maquillar. Por más discursos de coordinación y mesas de seguridad, los hechos delictivos siguen colocándose en los primeros lugares del ranking nacional. Lo ocurrido ayer es solo una fotografía más del álbum que preocupa a la ciudadanía y al empresariado por igual.

La presión sube, y con ella, la exigencia de resultados visibles, no solo en boletines de prensa, sino en calles más seguras, en casos resueltos y en una baja sostenida de los índices delictivos.

Los dos Césares tienen la responsabilidad directa. El tiempo de las estrategias teóricas ya pasó. Ahora la ciudadanía quiere ver la diferencia entre los que vigilan desde la torre Centinela y los que verdaderamente cuidan en las colonias.