Posverdad

Cruz Pérez Cuéllar no solo fue a recibir una distinción simbólica al Colegio de Bachilleres 11. Salió de ahí con una medalla política colgada al cuello y una ovación que resonó más allá de los muros escolares. 

Lo nombraron Venado Honorario, y el gesto —cargado de entusiasmo juvenil y gratitud institucional— provocó algo más que sonrisas: encendió focos rojos en el tablero de la grilla estatal.

Ericka Aidé Enríquez Rodríguez, directora del plantel, no escatimó elogios. Llamó al alcalde de Morena “el mejor aliado de la juventud” —palabras mayores cuando se pronuncian frente al director general del Cobach, sistema que pertenece a un gobierno estatal panista. La frase no solo se sintió como una cortesía institucional; fue una alineación política en plena ceremonia oficial.

Y es que la promoción que desde hace meses realiza Aidé en favor del alcalde no es nueva, pero hacerlo con reflector institucional y en presencia de la máxima autoridad del Bachilleres fue una jugada osada, por decir lo menos.

En política, los gestos también pesan. Y cuando se cruzan colores partidistas en espacios públicos, los efectos se multiplican. Cruz capitaliza un presupuesto participativo que, en este caso, ha transformado al Cobach 11 con una inversión superior a los 50 millones de pesos. Pero el aplauso no fue solo por el concreto o el domo: fue un espaldarazo político envuelto en uniforme escolar.

Mientras en Palacio de Gobierno observan con recelo estos acercamientos, en el entorno del alcalde se percibe una estrategia de fondo: acercarse a la juventud, al territorio y a los espacios educativos donde florecen futuros votos. En otras palabras, sembrar en el presente pensando en el 2027.

Y por eso, más allá de la placa y las fotos, lo que Cruz se llevó fue algo más valioso: legitimidad social en territorio ajeno.

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Claudia Sheinbaum no se anda por las ramas: ante el impuesto del 1% a las remesas en efectivo promovido desde Washington, su respuesta fue tan política como simbólica. Absorberá el golpe con recursos públicos. O mejor dicho, con la bandera del nacionalismo como escudo.

La narrativa es clara y eficaz: si Donald Trump quiere cobrarle al migrante, el Gobierno de México lo reembolsa. Y lo hace con Financiera para el Bienestar, una de las piezas clave del andamiaje económico-moral de la 4T. En otras palabras, el mensaje es: “México cuida a los suyos, aún desde lejos”.

La medida —aunque financieramente modesta frente al volumen total de remesas— tiene un impacto político mayor. No es tanto lo que cuesta, sino lo que comunica. Sheinbaum calcula que solo una décima parte de las remesas serían gravadas, lo que implicaría reembolsar unos mil 300 millones de pesos al año. Pero el riesgo está en el matiz: si el impuesto estadounidense se amplía a las transferencias electrónicas, la factura puede multiplicarse y el gesto transformarse en lastre.