Posverdad

Claudia Sheinbaum no se anduvo por las ramas. Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la presidenta de México puso en la mira a los legisladores republicanos que impulsan en Estados Unidos una propuesta para gravar las remesas que envían los migrantes mexicanos: “muy injusta” e “inconstitucional”, sentenció.

Y no es una postura retórica. Sheinbaum advirtió que su gobierno está dispuesto a movilizarse en todos los frentes, diplomático y político, para frenar lo que sería un golpe directo al corazón de millones de familias en México, particularmente en los estados con alta dependencia de esos recursos. El mensaje es contundente: si tocan a los migrantes, responderá el Estado mexicano en pleno.

Con pragmatismo, la presidenta confirmó que ya hay diálogo abierto con el Departamento del Tesoro de EE. UU. y se afina una línea directa con los propios legisladores que impulsan la medida. La comisión del Congreso mexicano que viajará a Washington no será solo un acto de cortesía diplomática: irá con respaldo unánime del Legislativo y con la bandera de unidad nacional por delante.

No es casual que Sheinbaum recurra a la narrativa fiscal de la 4T. “El impuesto debería cobrarse a los de arriba, no a los de abajo”, dijo, reiterando su visión redistributiva y de justicia social. En otras palabras, la presidenta usa el conflicto para reafirmar una de sus posturas más férreas: el gobierno protege a los de abajo, y más aún si están fuera del país.

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Con discreción institucional, pero con una carga política que se cuela entre líneas, el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua realizó el primero de dos simulacros de cómputos distritales rumbo a la elección extraordinaria del Poder Judicial. 

Lo que parece un ensayo técnico, en realidad marca el inicio de un proceso que pondrá a prueba no solo la operación electoral, sino la neutralidad de las instituciones en medio de tensiones partidistas.

Desde Ciudad Juárez hasta la capital del estado, el IEE ensayó todo: el conteo de votos, la captura de actas, los posibles incidentes, el flujo de información hacia el Consejo Estatal. Todo milimétricamente previsto… al menos en papel. 

Pero esta no es una elección común: se trata de poner en manos de la ciudadanía la elección de jueces y magistrados, una propuesta que aún genera resistencias, especialmente en sectores que prefieren conservar cuotas en el aparato de justicia.

Por eso, el simulacro no solo midió tiempos y eficiencia. También fue una muestra de músculo institucional ante los cuestionamientos de quienes ven en este modelo electoral un riesgo para la “profesionalización” del Poder Judicial. No es menor el hecho de que esta primera prueba se haya realizado justo en las ciudades con más peso político y electoral: Juárez y Chihuahua capital.

Además, en medio de campañas tensas, acusaciones de uso indebido de recursos y sospechas cruzadas entre partidos, el IEE necesita que el proceso camine sin margen de error. Un fallo en la captura o en el cómputo abriría la puerta a impugnaciones que terminarían manchando lo que, en el discurso, se plantea como una oportunidad inédita para democratizar la justicia.