Posverdad

El anuncio del alcalde Cruz Pérez Cuéllar sobre la adquisición de un predio por más de 81 millones de pesos para el desarrollo de mil 300 viviendas del programa “Vivienda para el Bienestar” no solo es una jugada de gestión urbana: es también una maniobra política milimétricamente calculada.

El predio —ubicado en la intersección de la avenida Leonardo Solís Barraza y el bulevar Fundadores— representa algo más que 54 mil metros cuadrados. Es una pieza estratégica en la narrativa de la Cuarta Transformación que se construye también desde el suroriente juarense, una de las zonas con mayores rezagos, donde el mensaje del gobierno federal encuentra eco.

Con el anticipo de 26 millones y un plan de pago a 20 meses sin intereses, Pérez Cuéllar demuestra que sabe usar el músculo financiero del municipio sin poner en aprietos la caja, pero sí apuntalando un proyecto que le da visibilidad y lo alinea directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum. Y es que aquí no se está hablando solo de ladrillos y cemento, sino de una política de suelo que empieza a enraizar a la 4T en la geografía electoral de Juárez.

Lo que sigue es casi una formalidad: pasar el acuerdo a Cabildo para donar el predio al programa federal. Cruz lo sabe: en la contienda por la narrativa 2027, los metros cuadrados también cuentan. Y si son para vivienda social, cuentan doble.

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Con la mira puesta en Washington, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión lanza una ofensiva diplomática para defender el bolsillo de millones de familias mexicanas que dependen de las remesas. El detonante: una propuesta impulsada por el ala republicana de imponer un impuesto del 5% a estos envíos desde Estados Unidos.

La jugada es clara y estratégica. A propuesta de Adán Augusto López, coordinador de Morena y figura clave en el ajedrez político de la 4T, un grupo plural de legisladores, donde se espera este Andrea Chávez, cruzará la frontera para reunirse con congresistas estadounidenses. No será una visita social: van con el encargo de frenar lo que en México ya se califica como un ataque directo a los derechos de los migrantes.

Adán Augusto, con tono firme, lanzó la advertencia: imponer un gravamen de este tipo no solo sería “tributariamente injusto” al implicar una doble tributación —pues el salario ya es gravado en EE.UU.— sino que también representa una vulneración de derechos humanos.

El mensaje tiene dos lecturas. Una, hacia el norte: México no está dispuesto a ceder ni un centímetro en la defensa de su comunidad migrante, mucho menos cuando el dinero que envían a casa supera los 60 mil millones de dólares anuales y sostiene economías enteras en regiones marginadas. Y la otra, hacia dentro: Morena y la 4T saben que esta es una bandera electoral potente, que cala hondo en los estados expulsores de migración.